La abogada Mara Muñoz Galván, hasta hace unos días, defensora de una menor de edad que fue violada en Zacatecas en el mes de abril, denunció que ha recibido diversas amenazas y acoso y que la víctima hizo saber que también había recibido advertencias.
En conferencia de prensa, donde estuvo acompañada por colectivos feministas, defensores y defensoras de derechos humanos y por el activista Alberto Athié, precisó que solicitó a la madre de la víctima, ser revocada como abogada de la menor, debido a que a petición de las autoridades, la madre solicitó que se dejara de hacer público el caso. Fue hasta entonces cuando a través de un mensaje se le informó que la niña también había recibido amenazas.
Muñoz Galván hizo responsable de su seguridad y la de su familia al gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna y atribuyó las amenazas en su contra, a la evidencia que se hizo nacional, de las irregularidades y presuntos delitos incluso del fuero federal, que la Fiscalía de Justicia del Estado y el Poder Judicial local cometieron para favorecer al adolescente señalado como presunto responsable de la violación de la menor.
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Entre éstos destaca la omisión de realizar un comparativo de las huellas del presunto responsable con las del auto donde se violó a la menor; la evidencia de una sábana de llamadas que lo ubicarían en otro lugar (correspondientes a otro teléfono que no era el suyo) y otros que implicarían "violencia feminicida institucional contra la víctima", lo que motivó al Senado a solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le otorgue un amparo a la niña.
A decir de la abogada y activista, esto pondría en evidencia que en Zacatecas el sistema de justicia "es corrupto" y por ello también pidieron a la madre de la víctima detener la difusión del caso en los medios.