La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso la administración de Andrés Manuel López Obrador para impugnar el "impuesto ambiental" que creó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
Dicho gravamen obliga a los empresarios gasolineros y gaseros a pagar 17 centavos por cada litro o kilo de bióxido de carbono generado por derivados del petróleo.
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La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República argumentó que con dicho impuesto, el gobierno estatal invade atribuciones de la federación, ya que el artículo 73 de la Constitución reserva al Congreso federal imponer contribuciones sobre el petróleo y sus derivados.
El Alto Tribunal dio un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación, para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Baja California presenten su contestación, periodo en el que también deberán remitir copia certificada de todas las documentales relacionadas con los antecedentes legislativos, así como de la publicación donde conste la publicación de la norma impugnada, apercibidos que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa.