Renuncia en CENACE refleja fallas en política energética, lamenta diputada

La congresista Mónica Almeida recordó que el director decidió dejar el puesto, debido al debilitamiento del Centro.

Diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Almeida / Especial
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La renuncia del director del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Alfonso Morcos, es una muestra más de que la política energética de la actual administración no es acertada, y de que las instituciones no pueden estar encabezadas por quienes tengan como único compromiso seguir la línea política que se dicta desde Palacio Nacional, planteó la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Almeida.

La congresista recordó que el director decidió dejar el puesto, debido al debilitamiento del Centro, que se integrará a la estructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Almeida López subrayó que el organismo no debería ser absorbido por CFE, sino fortalecerse y ser ocupado por un funcionario con experiencia y conocimiento en la materia, capaz de impulsar el desarrollo del sector energético de forma sostenible y sustentable.

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Tras recordar los litigios que han avanzado en el ámbito judicial, ante las directrices contenidas en el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, la legisladora recalcó que a consideración de los jueces, esa estrategia energética se opone al fomento de las energías renovables y la reducción de emisiones contaminantes en el sector.

La integrante de la Comisión de Energía en San Lázaro reiteró que los reveses judiciales a decisiones en materia energética y la renuncia en CENACE, así como en secretarías de Estado y otros órganos reguladores, no son casualidad.

Desde la Presidencia de la República, alertó los funcionarios federales son obligados a actuar contra la legalidad, tratados y compromisos internacionales, contra el interés general de la sociedad, lo que en suma, lamentó, ha dado paso a un "desastre nacional".

El Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, dijo, es irracional y antijurídico, no tiene sustento técnico, ambiental, económico ni práctico y por ello, ha sido frenado en el ámbito judicial, remarcó.