Greenpeace obtiene suspensión definitiva contra Prosener

“Todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva otorgada (...)", señala el acuerdo.

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El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó la suspensión definitiva a la organización ambientalista Greenpeace contra el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024, que se publicó el 8 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con esta resolución, la Secretaría de Energía (Sener) y todos los organismos públicos encargados de aplicar el contenido de dicho programa, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deberán abstenerse de cumplir los objetivos y estrategias establecidos en el documento, hasta en tanto el juez federal resuelva de fondo el juicio de amparo.

"Es importante precisar que todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva otorgada, aún en el supuesto de que no hayan sido llamadas como responsables, por lo que deberán abstenerse de seguir los lineamientos que conforme al programa reclamado deben regir como instrumento de planeación en el sector energético" señala el acuerdo.

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Para no generar un vacío normativo durante la medida cautelar, las autoridades responsables deberán aplicar los planes, normas y disposiciones que se encontraban vigentes previos a la expedición del programa.

Gómez Fierro destacó que la suspensión de los actos reclamados "tiene como fin preservar la materia del juicio y asegurar la eficacia de una sentencia de amparo, impidiendo que la ejecución de aquéllos se materialice de tal manera que se vuelva imposible, en caso de obtener una sentencia favorable, volver las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto reclamado".

Greenpecae reclamó la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la protección de la salud, al acceso a energía eléctrica con base en fuentes renovables y al derecho a la legalidad.