La búsqueda del menor Dylan Esaú, sustraído en Chiapas, dejó como saldo un hombre muerto con huellas de violencia en la cárcel, cuatro mujeres detenidas y 23 menores sustraídos del entorno familiar, debido a las acusaciones por posesión de drogas, secuestro y tráfico de personas y a pesar de la evidencia de irregularidades y posible fabricación de pruebas, las autoridades se niegan a su liberación.
Juan Martín Pérez, Director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en conferencia de prensa, responsabilizó a la Fiscalía de Justicia de Chiapas por la situación y la seguridad de la familia; pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso por las irregularidades en la carpeta de investigación y alertó sobre la posibilidad de que los menores sustraídos puedan ser víctimas de tortura psicológica por parte de las autoridades.
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Ante la criminalización de las cuatro mujeres detenidas, anunció que se han solicitado medidas cautelares para garantizar la seguridad de Josefa Sanchez, María Hortensia y Maribel Gómez y Juana Montejo, ya que horas después de la detención de Adolfo Gómez, padre y esposo de las detenidas y suegro de la última, fue encontrado muerto en su celda con golpes, asfixiado y moretones, mientras que las autoridades aseguraban que se trató de un suicidio.
Patricia Aracil, representante de la Colectiva Cereza y quien apoya a la familia en la defensa legal, presentó un video posterior a la detención de Adolfo Gómez, quien denunciaba que había sido golpeado, amenazado y torturado y se ha presentado una grabación donde Adolfo pide ayuda a su comunidad porque recibió amenazas de muerte en la cárcel, posterior a esto fue encontrado muerto, esto luego de ser detenido acusado de liderar una red de trata de menores y que lo habían visto con el pequeño Dylan.
Por su parte, Nereida Gómez, hija de Josefa y Adolfo y madre de cinco menores retenidos por las autoridades, acusó a la Fiscalía y especialmente al titular Jorge Llaven, de actuar de manera irregular en el caso, ya que se ha negado a entregar a los menores, mantiene en medios la acusación de que la familia se dedica a la explotación laboral infantil y tráfico de menores y otros señalamientos y permitió irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.
Hasta el momento las autoridades de Chiapas han reconocido que no existió vinculación de ningún integrante de la familia con la desaparición de Dylan Esaú y el único argumento para negarse a entregar a los 24 menores a sus abuelos y familia es que "son pobres" y no pueden mantenerlos.