La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una contradicción de tesis denunciada por la titular de la Secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, con la cual se da certeza a los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados contra servidores públicos como parte de la lucha contra la impunidad.
La dependencia destacó que la Corte sentenció que los procesos por faltas administrativas que cometan los servidores públicos, cuya investigación inició a partir del 19 de julio de 2017, deberán llevarse a cabo de acuerdo con las reglas procesales de la Ley General en la materia, "de esta manera se cierra la ventana jurídica que demoraba la resolución en tribunales de diversas sanciones por irregularidades en la Administración Pública Federal".
Información relacionada: CNDH emite recomendación a secretarías de Salud y Función Pública
Además, la sentencia confirma que la Función Pública es la autoridad competente para sancionar faltas graves que hayan cometido servidores públicos antes del 19 de julio de 2017, no obstante deben aplicarse las reglas procedimentales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Tras lo anterior, Eréndira Sandoval celebró la resolución de la SCJN, ya que "constituye un importante avance en el combate a la impunidad, consolida las herramientas legales con las que cuenta la Función Pública para cumplir la encomienda de erradicar la corrupción, como es el compromiso del gobierno de México".
"Antes de la resolución de la denuncia de contradicción de tesis presentada por Sandoval Ballesteros, existía incertidumbre jurídica en la aplicación de las leyes, tanto en el ámbito procesal como en el sustantivo, lo que generó un régimen mixto que impedía asumir con claridad a qué instancia correspondía sancionar las irregularidades cometidas antes del mes de julio de 2017", indicó.
Agregó que con la sentencia se homologan criterios para todos los tribunales federales del país, con lo que también sienta un precedente de suma importancia para la lucha contra la impunidad que desarrolla la Función Pública.