La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el gobierno federal contra la ley por la que se crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de Baja California, la cual impulsó el gobernador de esa entidad, Jaime Bonilla Valdez.
Dicha ley, que fue aprobada en el mes de febrero por el Congreso estatal, tiene el propósito de crear un padrón de vehículos de procedencia extranjera, que no hayan sido importados debidamente y circulen por territorio estatal.
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En ese entonces, el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Juan Manuel Molina García, justificó la iniciativa diciendo que el 85 por ciento de los delitos que se cometen en Baja California usando un automóvil, lo hacen con vehículos que están de manera ilegal en el país.
El Alto Tribunal emplazó al gobierno de Baja California y al Congreso estatal para que en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación, para que presenten su contestación y remitan copias certificadas de todas las documentales relacionadas con los antecedentes del decreto impugnado.