Es imprudente replantear el Pacto Fiscal Federal en este momento de coyuntura por Covid-19, ya que no solo se ponen en riesgo las autoridades que lo proponen, sino que se coloca en riesgo a los habitantes de los estados, advirtió el Subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob) Ricardo Peralta Saucedo, durante un diálogo virtual convocado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
El funcionario señaló que pareciera que las autoridades que lo proponen tienen un interés político en ello y agregó que es fácil especular sobre un tema vital como las finanzas públicas, pero lo es más aún la necesidad de lograr autoridades que ejerzan sus potestades tributarias y, con ello, abracen sus posibilidades y obligaciones recaudatorias, a fin de fortalecer sus haciendas públicas y, por ende, el ejercicio de sus gobiernos.
Recalcó que el tema financiero es de especial interés para el Inafed, pues el deseo es coadyuvar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como con la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a ayudar a los gobiernos locales a fortalecer sus capacidades institucionales y de gestión, y, sobre todo, a que mejoren sus criterios sobre el entendimiento de las responsabilidades que por norma están conferidas a cada una de estas instancias.
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El titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Fernando Arechederra Mustre, recalcó que el Pacto Fiscal Federal ha permitido a México tener una armonización tributaria, ser competitivo y otorgarle certeza jurídica al sector privado y a los contribuyentes a nivel estatal y municipal.
Puntualizó que este pacto ha logrado generar instituciones sólidas dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, "los recursos se distribuyen con certeza jurídica, no es unilateral ni discrecional, hay fórmulas matemáticas establecidas y nos permite coordinarnos en los derechos que establece la norma federal".
Los gobernadores que han propuesto impulsar un nuevo federalismo hacendario incluyen a Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colina, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Queretaro, San Luis Potosí y Tamaulipas y entre ellos representan el 40% del PIB nacional y el 33% del gasto federalizado, lo que significa que aportan más a la economía nacional que lo que reciben en recursos provenientes de la Federación.