La decisión del Ejecutivo Federal de autorizar, por decreto, que las Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas de seguridad pública provocó reacciones encontradas en la Cámara de Diputados.
Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), difirieron sobre las consecuencias e implicaciones del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los diputados federales del PRI indicaron que las disposiciones generan incertidumbre, se desconocen sus alcances jurídicos y pone en tela de duda que se tenga una estrategia de seguridad en firme, por lo que expresaron su "enérgico rechazo" a la medida. Podría ser inconstitucional, sentenciaron.
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En contraparte, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del recinto e integrante de la bancada morenista, Dolores Padierna, afirmó que lejos de militarizar al país, el decreto da marcha atrás a esa situación, al establecer que al final del sexenio, los elementos castrenses dejarán de realizar taras de seguridad pública.
Dicho ordenamiento, abundó, no viola la ley, por el contrario, coincide con la reforma constitucional a través de la que se creó la Guardia Nacional.
Establecer que las Fuerzas Armadas Permanentes realizarán abiertamente tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada, así como complementaria a la Guardia Nacional, significa que el compromiso del Presidente de la República es "que en un sexenio se logre la desmilitarización".
En primera instancia, los legisladores del tricolor agregaron que si bien es cierto que el esquema de participación de militares en seguridad pública está considerado de manera transitoria en la reforma constitucional, preocupa que se tome como pretexto la contingencia sanitaria por coronavirus, para emitir un decreto que no justifica la decisión.
Tampoco establece mecanismos para regular ni fiscalizar las acciones de soldados y marinos en tareas de seguridad pública.
"La reforma constitucional no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin los controles que establece la propia Constitución. La falta de definición conduce a interpretar que el Gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis para emitirlo y concentrar más poder", advirtieron.
Subrayaron que los resultados del Gobierno Federal en materia de seguridad muestran que no hay avances, por lo que el decreto es el "reconocimiento tácito de su fracaso hasta el momento".
Al demandar que la seguridad y la justicia en el país no se deben someter a consideraciones de tipo político ni partidista, señalaron que al país le urge el restablecimiento de la paz.
Exigieron que el decreto se revise para evitar que contravenga la reforma que creó la Guardia Nacional, cuya naturaleza era civil, para que no genere dudas sobre la actuación que tendrán el Ejército y la Marina en labores de seguridad pública.
Agregaron que la publicación va contra las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU en México, que ha recomendado alejarse el enfoque militarizado de la seguridad pública y avanzar en el fortalecimiento de las instituciones civiles.
Por su parte, la diputada Padierna Luna afirmó que la decisión del Presidente busca regularizar las actividades de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad pública, y marca que éstas se llevarán a cabo hasta el 27 de marzo del 2024.
"El presidente López Obrador hace el compromiso de que en un sexenio se logre la desmilitarización", recalcó la congresista.
Recordó que fue en el sexenio del Presidente Felipe Calderón cuando se lanzó al Ejército y Mariana a combatir al narcotráfico, a través de operativos permanentes.
Aseveró que con ello, las Fuerzas Armadas actuarán conforme al protocolo y reglas establecidas para la Guardia Nacional, aunado a que estarán "subordinadas al mando civil" y actuarán con respeto a derechos humanos "con un uso regulado y cuidadoso de la fuerza".
Rechazó que lo dispuesto no equivale a la Ley de Seguridad Interior que el PRI impulsó en el Congreso de la Unión en 2017, que daba permanentemente a las Fuerzas Armadas, facultad de intervenir en seguridad pública, mientras la Guardia Nacional tiene un plazo de cinco años.