Las comisiones de Trabajo, Hacienda y Seguridad Social de la Cámara de Diputados organizaron un parlamento abierto virtual, para analizar la iniciativa en materia de restricción y penalización de la subcontratación, durante el cual, los invitados por parte del sector productivo, coincidieron en expresar su preocupación ante el proyecto planteado por el Presidente de la República.
Advirtieron que prohibir toda la subcontratación, sin identificar cuál es la "buena" y cuál se utiliza para evadir impuestos y cumplimiento de derechos de los trabajadores.
*Información relacionada: AMLO dispuesto a revisar iniciativa de outsourcing
En general, los más de 30 participantes en la primera mesa de discusión, se pronunciaron a favor de implementar un periodo de transición, al menos de un año, para que las empresas tomen previsiones y puedan cumplir la norma.
Demandaron una regulación clara que impida la evasión fiscal y la simulación laboral, pero sin afectar a las empresas que cumplen la ley y contribuyen a generar trabajos formales, y sin criminalizar a quienes ejercen una forma de contratación que es legal.
Si el proyecto del Ejecutivo Federal se aprueba en sus términos, violaría la Constitución, los derechos de los trabajadores, propiciaría un incremento de la informalidad, inseguridad jurídica para los empleadores e inversionistas y aplicaría penas excesivas por la realización de una actividad legal.
"Su propuesta de eliminación de la figura de subcontratación y las penas punitivas que propone resultan exageradas y contrarias a derecho. No podemos eliminar esta figura, ya que estaríamos violentando inclusive el artículo 5 constitucional y les asegura que el 99 por ciento de estas industrias cumplen de manera cabal con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Entonces, nada más les pido no satanizar esta figura", apuntó Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
"Prohibir la subcontratación que es una actividad lícita es inconstitucional, ya que contradice lo que establece el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución. El sector empresarial apoya y por lo tanto está de acuerdo en que se incluyan condiciones que permitan brindar una mayor protección a los trabajadores y dar seguridad jurídica a quienes contratan servicios. Eliminar la figura de la subcontratación únicamente beneficiaría a las empresas factureras y pagadoras, y con esto nosotros consideramos que también se podrían lesionar la creación de fuentes de trabajo", añadió Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
"No creemos que la iniciativa como está planteada termine con estas prácticas, podría incluir otras figuras que incluso evaden y eluden también, como son las cooperativas, algunas formas de empresas que se dan de alta como sindicatos, asimilados a salario y que no están vigiladas dentro de esta iniciativa. Pero lo que es fundamental, es hacer la distinción entre la subcontratación buena y la subcontratación simulada", expresó Mónica Flores, presidenta del grupo de reclutamiento, selección, evaluación y contratación de personal eventual y permanente, Manpower.
En el encuentro, representantes de instancias como la American Chamber of Commerce of Mexico, ConMéxico, la Escuela Libre de Derecho, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo; catedráticos, académicos, fiscalistas, abogados y abogados laboristas, entre otros señalaron que la iniciativa es incompleta.
Alertaron que se perdería la flexibilidad para generar empleo formal, la entrada a la capacitación y al mercado de trabajo.
Remarcaron que la subcontratación no es ilegal, incluso hay tratados y disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la materia.
Prohibir o restringir de manera excesiva la práctica, afectaría a industrias y empresas que cumplen la ley y respetan derechos laborales.
La informalidad, el desempleo, así como la crisis económica se agravarán, señalaron.
Indicaron que están a favor de que el Ejecutivo Federal ponga freno a la simulación laboral, la elusión y evasión fiscal, el subregistro de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y a la defraudación al erario, aspectos que no se cumplen, por la aplicación inadecuada de la ley existente.
Enfatizaron que entre los retos de la subcontratación está el pago adecuado a los trabajadores y su debida inscripción ante el IMSS.
Insistieron en que de aprobarse los cambios legales planteados por el Ejecutivo Federal, se pide un periodo de transición de una forma de contratación legal, a otra que también es legal. Ello, tras reconocer que es necesario regular de mejor manera la figura del outsourcing, pero no prohibirla.
Es "delicado", manifestaron, que la iniciativa considere que toda la subcontratación es igual y que todas las empresas que la llevan a cabo, son infractoras y evasoras.
Las medidas radicales, restrictivas y extremas previstas, pondrían en riesgo la estabilidad productiva y financiera de quienes actúan de manera legal.