La Cámara de Diputados avaló reformas penales, con el fin de proteger al personal de salud y quienes atiendan emergencias sanitarias, como la de coronavirus o bien, desastres naturales.
Los congresistas avalaron con 367 votos a favor y un voto en contra, cambios que catalogan como discriminación, la que se realice por condición laboral, contra quienes contribuyan, como parte de su trabajo, a mitigar emergencias y desastres naturales, incluyendo personal de las Fuerzas Armadas.
A quienes cometan delitos contra personal de salud, en épocas de emergencia, se les impondrán de uno y hasta 10 años de cárcel, aunado a las penas que correspondan al ilícito en cuestión.
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Con ello, puntualizaron, las sanciones ya aplicables se agravan.
Las modificaciones legales que se turnarán al Senado de la República, también prevén arresto hasta por 36 horas, a quien realice o incite a realizar actos de violencia en cualquiera de sus modalidades contra personal del sector salud.
Será discriminación, agrega la norma, los actos o conductas que busquen afectar la integridad de las personas que combaten emergencias sanitarias, incluyendo violencia física o psicológica, estigmatizar, negar o impedir el acceso a cualquier servicio, a personal de salud, que está atendiendo emergencias de tipo sanitario.
Legisladores de todas las bancadas apoyaron los cambios al Código Penal Federal, las leyes General de Salud y Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, en materia de protección al personal del Sistema Nacional de Salud, incluyendo camilleros, administrativos, choferes de ambulancia, personal de intendencia, estudiantes de medicina que realicen labores en instituciones de salud.
"Para establecer sanciones más severas, agravantes a los tipos ya existentes y en general una reforma integral, en donde también se incorpora en el delito de discriminación previsto por el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, de actividades relacionadas con la mitigación de emergencia sanitaria o desastre natural", apuntó la presidenta de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Pilar Ortega.
"Desde el 28 de febrero, cuando se conoció el primer caso de COVID, más de 200 médicos, enfermeras, enfermeros, directores de hospitales y personal de limpieza fueron golpeados, insultados, bañados con cloro y amenazados de muerte. Además han sido impedidos de usar el transporte público, de ingresar a comercios o de usar los elevadores en los edificios que habitan y hasta han sido extorsionados, según datos estimados por Salud, el IMSS y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación", enumeró el perredista Antonio Ortega.
En el debate, legisladoras y legisladores de oposición recalcaron que también es agresión contra el personal de salud, el abandono del Gobierno Federal, así como las omisiones, tardanza y fallas en la entrega de equipo de protección, insumos, medicamentos y demás materiales para atender la actual pandemia por coronavirus.
"Lo ha cometido precisamente el Estado, dejándolos sin insumos de protección de calidad, y lavándose las manos como si no fuera su responsabilidad. Porque frente a un gobierno cobarde, que se esconde en las faldas y pantalones de sus diputados, siempre va a haber una ciudadanía valiente que saca la casta en los momentos más difíciles. Ese abandono hoy se traduce en que México es el país con el mayor número de muertes de personal médico en todo el mundo", sentenció la diputada panista Alejandra García Morlán.