El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal (CDHDF) entregar la versión pública del expediente CDHDF/IV/122/MHGO/16/D5361, relacionado con presuntas violaciones a derechos humanos de 37 personas con discapacidad que vivían en la "Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales S.C".
En organismo recordó que un particular solicitó copia simple en versión pública de dicho expediente y precisó que era de su interés conocer todas aquellas actuaciones que obran en el mismo, desde el momento que había sido trasladado a la Cuarta Visitaduría de la CDHDF.
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En respuesta, la CDHDF refirió que el expediente era reservado, toda vez que se encontraba en trámite, lo cual, motivó la inconformidad del particular, quien manifestó que se trataba de violaciones graves a los derechos humanos.
En el análisis del caso, la comisionada Josefina Román expuso que, si bien en principio es procedente la clasificación de la información, lo cierto es que existen indicios suficientes para configurar la excepción prevista en el último párrafo del artículo 115 de la Ley General Transparencia.
\ud83d\udccc #INAIinforma INAI ordena a la @CDHDF dar a conocer el expediente abierto en contra de la "Casa Hogar Esperanza", @JosefinaRomanV
\u2705 Comunicado https://t.co/W5H69y127P pic.twitter.com/aegSIVbFzk— INAI (@INAImexico) January 18, 2020
Por ello, dijo, se concluyó que es posible entregar la información solicitada en versión pública, por haberse acreditado la violación grave de derechos humanos.
"Dentro de los hechos que se están investigando, relacionados con "Casa Hogar Esperanza", se advierten esterilizaciones forzadas que podrían implicar tortura, al realizarse presuntamente sin el consentimiento de las personas que ahí se encontraban albergadas", argumentó la comisionada.
Incluso explicó que las circunstancias del caso fueron materia de un señalamiento especial por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien consideró que las violaciones ocurridas en la Casa Hogar deben ser catalogadas como graves, pues se causó una afectación reiterada a derechos de personas con discapacidad, incluyendo menores de edad.
De igual forma Josefina Román puntualizó que entre las observaciones hechas al Estado mexicano por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se encuentra el iniciar procesos de investigación administrativa y penal en contra de las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones que recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, y a que garantice el acceso a la justicia y reparaciones para las víctimas.
En este sentido la comisionada enfatizó que el instruir el acceso a la información no prejuzga quiénes son los responsables de un ilícito, si se configuró o no algún delito, ni busca invadir competencias de otras autoridades encargadas de determinar la existencia de violaciones a derechos humanos.
"Asuntos como éste, son parteaguas para sensibilizar a la sociedad, pues se hace evidente la situación de ciertos grupos vulnerables. Ahora, queda tomar acciones y conciencia con miras a que no se vuelvan a repetir actos violatorios a los derechos de las personas y menos aún a las personas con discapacidad", resaltó.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y le instruyó a entregar versión pública del expediente CDHDF/IV/122/MHGO/16/D5361, relativo al caso de la "Casa Hogar Esperanza", en el que únicamente se proteja toda aquella información relacionada con las presuntas víctimas del caso, esto es, sus datos personales que los identifique o los hagan identificables.