En la Cámara de Diputados continúa la polémica por la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el alza en el cobro de cuotas de recuperación y las dudas respecto a si todos sus servicios serán o no gratuitos para las personas que carecen de seguridad social.
El líder parlamentario de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, reconoció que la operación del organismo, que lleva a penas 10 días de trabajo, tardará tiempo en regularizarse y para ello, se requiere el respaldo de todos los gobiernos estatales.
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Lo anterior, debido a que el Instituto prestará servicios en los estados que firmen los acuerdos correspondientes con la Federación, los cuales implicarán destinar recursos humanos y económicos para brindar atención a la población sin seguridad social.
"A ver, estamos hablando de que se está consolidando, de que se están integrando todos los sistemas de salud del país y llevamos menos de 10 días de esta institución, entonces no es de un día para otro. Es decir, no porque se aprobó la ley del Insabi y entra en vigor el 1 de enero de repente está todo hecho. Ahí se necesita la colaboración de todos los gobiernos de los estados para lograr la consolidación deseada en el menor tiempo posible", argumentó.
En contraparte, la coordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, señaló que al aprobar la creación del Insabi, la mayoría y el Gobierno Federal engañaron a la ciudadanía con que los servicios que sustituyen al Seguro Popular serían gratuitos y aplicarían sin falla desde el primer día de este 2020.
"Pero lo más grave es que en realidad, los pacientes, todos aquellos que estén requiriendo servicios, han tenido que estar pagando en todos estos días servicios, medicamentos, materiales que se requieren. Y vemos aquí pues, que lo que decían que los servicios que se iban a dar desde el Instituto pues ni son gratuitos, porque no es así, es una mentira lo que ha dicho el presidente de que los medicamentos y todos los servicios son gratuitos ni lo son y hay muchas más deficiencias en este cambio", en comparación con el Seguro Popular, remarcó la diputada Juárez Piña.
Lo que cabe esperar, es que los usuarios del Instituto reciban una buena atención, medicinas y que el servicio sea gratuito, como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, abundó.
El Gobierno Federal debe ser honesto con la población e informar puntualmente que los servicios señalados van a estar sujetos a la disponibilidad de recursos, porque el Insabi se creó sin un presupuesto adicional, a los 40 mil millones de pesos que el Ejecutivo tomó del ahora extinto Seguro Popular, pero no asignó ninguna partida adicional.
"Entonces es un engaño, porque ni serán gratuitos ni se tendrá la suficiencia presupuestal", advirtió.
Por su parte, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), sentenció que al sustituto del Seguro Popular le bastó semana y media para "colapsar" el sistema de salud.
El diputado Éctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro, recriminó que el Ejecutivo Federal haya "destruido" en tan poco tiempo un sistema de salud que funcionaba, al implementar un modelo mal diseñado, improvisado y sin destinar los recursos necesarios.
Al afirmar que es injusto que los ciudadanos paguen con su salud y sus ingresos el precio de la irresponsabilidad de la administración federal, recalcó que hay decenas de testimonios que corroboran el alza en las cuotas de recuperación, las cuales se dispararon de menos de 100 pesos por día de hospitalización, a 500 pesos por día.
Ramírez Barba dijo que de acuerdo a la Ley General de Salud, artículo 36, es ilegal cobrar por el servicio de salud a las personas de menores recursos, y que las cuotas de recuperación deben ir acorde a los ingresos de los usuarios; aunado a que, aquellos que no cuenten con recursos para cubrirlas o se en encuentren y provengan de las zonas con menor desarrollo económico y social, quedarán exentos de pago.
Agregó que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, era un instrumento que evitaba el empobrecimiento de las familias de pacientes con enfermedades graves, el cual fue modificado por la mayoría en el Congreso, pero de manera errónea, porque los 40 mil millones con los que cuenta, se utilizarán de manera arbitraria y no habrá quien se responsabilice de pagar.