Diputados deben legislar para reconocer jurídicamente desplazamiento interno: SEGOB

La Segob señaló que es responsabilidad de los congresistas adecuar el marco legal para reconocer el desplazamiento forzado interno como una figura jurídica.

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La Secretaría de Gobernación (SEGOB) solicitó a la Cámara de Diputados reformas jurídicas y legales, para hacer frente al problema del desplazamiento forzado interno.

En respuesta a una solicitud planteada por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dolores Padierna, la dependencia planteó, a través de la Jefa de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Rocío González, que el Gobierno de México tiene conocimiento de la existencia de los desplazamientos forzados y también del riesgo en que se encuentran ciudadanos que viven en zonas afectadas por la violencia.

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Sin embargo, insistió la funcionaria federal, es responsabilidad de los congresistas adecuar el marco legal para reconocer el desplazamiento forzado interno como una figura jurídica.

A la solicitud formulada por la diputada Padierna Luna, desde octubre de 2019, Gobernación indicó que hay conciencia plena de la existencia del fenómeno del desplazamiento interno forzado y el peligro que representa para las personas que viven en las regiones afectadas por hechos violentos.

Para enfrentar la situación, es necesario que los legisladores realicen "una serie de reformas y así atender eficientemente a la población desplazada".

Agregó que entre otros cambios, se requieren reformas y adiciones al artículo 73 constitucional, que faculte al Congreso de la Unión a legislar en la materia, y a partir de ello hacer las modificaciones legales necesarias para reconocer jurídicamente la existencia de la figura del desplazamiento forzado interno.

SEGOB añadió que se está trabajando en una propuesta de Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la cual establecerá responsabilidades y obligaciones de las autoridades en esa materia.

El proyecto está en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, abundó.