A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó a la Fiscalía General de la República a generar una nueva teoría del caso.
Además, ante los recientes hechos relacionados con el caso, la nueva evidencia sobre actos de tortura durante la indagatoria y las liberaciones ocurridas por diversas razones, entre ellas la falta de elementos de convicción lícitos, exhorta a investigar las graves transgresiones a los derechos humanos ocurridas durante la investigación ministerial.
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También llama al Estado mexicano para que impulse, una investigación que recabe pruebas que puedan ser efectivamente utilizadas para fincar responsabilidades en contra de los perpetradores en el caso Ayotzinapa.
La oficina subrayó que es una obligación del Estado mexicano excluir del procedimiento penal cualquier prueba que haya sido obtenida a través de actos de tortura u otros malos tratos.
Indicó que la tortura envicia las pruebas obtenidas por su comisión, más no así el resto del material probatorio recabado de manera lícita. En virtud de esta norma internacional y de las obligaciones que se tienen con respecto a las víctimas.
"Conocer el paradero de los estudiantes y sancionar a los responsables es una deuda que el Estado mexicano todavía tiene con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad en su conjunto", agregó Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México.
A decir de Jarab, "la investigación del caso sigue dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento, cometidas por las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada ´verdad histórica".
Subrayó que resulta difícil distinguir las pruebas reales de las fabricadas y, al mismo tiempo, rescatar todo aquello que puede servir para dar con el verdadero paradero de los estudiantes y sancionar a todos los responsables con estricto apego al debido proceso.
"La investigación del caso sigue dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento, cometidas por las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada ´verdad histórica", subrayó Jan Jarab.
"Resulta difícil distinguir las pruebas reales de las fabricadas y, al mismo tiempo, rescatar todo aquello que puede servir para dar con el verdadero paradero de los estudiantes y sancionar a todos los responsables con estricto apego al debido proceso."