El equipo legal de Rosario Robles afirmó que la inhabilitación por 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Publica confirma que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es una perseguida política.
El despacho Hernández Barros destacó que sin mayor fundamento administrativo y mucho menos legal, la dependencia federal resolvio\u0301 sancionar a Robles Berlanga por la presunta omisio\u0301n de declarar la existencia de una cuenta bancaria con 2 mil 887 pesos en su declaracio\u0301n patrimonial, lo que contrasta con verdaderas omisiones de funcionarios pu\u0301blicos que actualmente esta\u0301n en servicio y que escondieron fortunas por ma\u0301s de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin recibir sancio\u0301n alguna.
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Lo anterior, agregó, demuestra que en el gobierno federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad.
El equipo legal aseveró que la titular de la SFP, Ere\u0301ndira Sandoval, miente al afirmar que esta\u0301 resolucio\u0301n fue una instruccio\u0301n del presidente de la Repu\u0301blica, quien "seri\u0301a incapaz de solicitar que se cometa en su nombre una tropeli\u0301a tan injusta y absurda, ma\u0301xime cuando es evidente que sancionar por una cuenta no reconocida, que no tuvo movimientos en toda su existencia y de la que Rosario Robles, jama\u0301s dispuso, y que adema\u0301s teni\u0301a un saldo inferior a los 3 mil pesos, no contribuye en nada a acabar con la corrupcio\u0301n y la impunidad como irrisoriamente sen\u0303ala el comunicado de la dependencia".
Dicha resolucio\u0301n se basa en la supuesta omisio\u0301n realizada por Rosario Robles en sus declaraciones patrimoniales al no declarar la cuenta bancaria nu\u0301mero 56-57716325-3 misma que fue aperturada en Banco Santander, cuya u\u0301ltima operacio\u0301n se realizó el 29 de enero de 2016 y ese mismo día fue cancelada.