La decisión del Congreso de Baja California, de aumentar de dos a cinco años la duración del mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, es un "golpe legislativo" y un grave precedente para la democracia en el país, advirtió el integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Belaunzarán.
"Porque no se puede ampliar el periodo de ningún gobernante después de la ejecución, los ciudadanos votaron por un mandato específico, que es de dos años. Luego, legisladores, que estos son legisladores salientes, no pueden modificar el mandato que dieron los ciudadanos", subrayó.
Información relacionada: Determinará PRI expulsión de diputados en Baja California
"Pero es un precedente sumamente peligroso, al margen de los ciudadanos pueden prolongarse períodos de gobierno y por supuesto eso es inaudito, insisto, es un acto de golpismo legislativo", recalcó.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, donde acudió a una reunión de legisladores perredistas con jóvenes, el ex diputado federal señaló que el fondo del asunto radica, como se rumora en la entidad referida, en cuánto y quién "pagó" a los congresistas locales para beneficiar a Bonilla, quien es identificado como una persona muy cercana a al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
"La pregunta que corre en Baja California y en el país es cuánto, cuánto le costó a Jaime Bonilla hacer que los legisladores y luego los regidores hagan algo tan aberrante como modificar el periodo de un gobernante después de electo, eso no tiene precedente y sería gravísimo que se aceptara", enfatizó Belaunzarán Méndez, al aseverar que los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partid de la Revolución Democrática (PRD), no votaron a conciencia, sino por consigna.
El perredista dijo confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al momento de analizar las acciones de inconstitucionalidad a promover contra la resolución de los congresistas locales en cuanto la reforma entre en vigor, determine que se trata de una reforma ilegal que debe quedar sin efecto.
Recalcó que lo sucedido en Baja California es un acto de corrupción, y todos los involucrados en su aval, deberían ser sujetos a juicio político.