La bancada del Partido Acci\ón Nacional (PAN) en la C\ámara de Diputados propuso reformas a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con el fin de establecer los procedimientos espec\íficos para que particulares afectados en sus bienes y derechos por la actividad administrativa irregular del Estado, sean indemnizados.
Por otra parte, los panistas en San L\ázaro plantearon cambios a la Ley de Coordinaci\ón Fiscal, para crear un Fondo H\ídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios Aportantes a Tratados Internacionales.
En el primer caso, el diputado Carlos Alberto Valenzuela se\ñal\ó que al establecer claramente la obligaci\ón del Estado a indemnizar a las personas que, "sin obligaci\ón jur\ídica de soportarlo, sufran da\ños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado", generar\á certeza jur\ídica.
Incluso, se pronunci\ó a favor de que se promueva un enfoque de "previsi\ón de riesgos legislativos", a fin de obligar a que los congresistas aprueben y expidan leyes con el mejor dise\ño posible, as\í como a responsabilizarse por omisiones y fallas en la elaboraci\ón de las mismas, que deriven en perjuicio para los mexicanos.
Record\ó que desde la aprobaci\ón de reformas constitucionales, en mayo del 2015, en materia de combate a la corrupci\ón, el Congreso incumpli\ó con la armonizaci\ón de las leyes secundarias respectivas, incluyendo la de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
"Esta omisi\ón puede generar reclamos legales por parte de los ciudadanos y \éstos, a su vez, al ampararse, quedar\ían en una indefensi\ón por un inapropiado sustento de las leyes frente a una mala decisi\ón de las autoridades, incluyendo, en contra de nosotros como Poder Legislativo", plante\ó.
En cuando a la segunda reforma propuesta, el diputado Mario Mata se\ñal\ó que al crear un Fondo H\ídrico de Desarrollo para Estados y Municipios Aportantes a Tratado Internacionales (FOHDEMTI), se podr\á compensar a las entidades que aporten determinados vol\úmenes de agua para el cumplimiento de las obligaciones contra\ídas por el Estado.
De acuerdo con el total de volumen aportado cada a\ño, las entidades involucradas deber\ían recibir un porcentaje de los recursos derivados por derechos generados, y cuyo c\álculo espec\ífico estar\á a cargo de la Comisi\ón Nacional del Agua (CONAGUA), en coordinaci\ón con la Secretar\ía de Hacienda.
El legislador plate\ó, entre otras medidas, establecer en la ley que los municipios aportantes, recibir\án al menos el 30 por ciento de los recursos recibidos por las entidades federativas; as\í como promover acciones de coordinaci\ón en materia de gesti\ón integrada de recursos h\ídricos.
"Existe la imperiosa necesidad de que sea cubierto por parte del Estado mexicano, el derecho de una justa retribuci\ón a favor de las comunidades donde se realizan las actividades de entrega de agua; esto mediante el razonable establecimiento de un porcentaje que resulte acorde con la utilidad neta obtenida y que refleje de manera paralela, la obligaci\ón de realizar un esfuerzo adicional para conservar y ampliar las posibilidades de utilizaci\ón del recurso natural que nos ocupa", agreg\ó