La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados calificó a los llamados "Servidores de la Nación" encargados de levantar los padrones de programas sociales, como el "ejército electoral" del Gobierno Federal.
La diputada Mónica Almeida demandó transparentar las funciones de esos colaboradores del Ejecutivo, así como regularizar su situación laboral.
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Por su parte, la coordinadora Verónica Juárez propuso reformas a la Ley General de Educación, para prohibir que alumnos menores de edad sean obligados por profesores o autoridades escolares, a acudir a actos de corte político y proselitista.
En el caso de los llamados "Servidores de la Nación", la diputada Almeida López recordó que iniciaron operaciones incluso antes de que la administración federal entrara en funciones propiamente, en diciembre de 2018.
Desde ese momento a la fecha se desconoce el monto de sus sueldos, sus tareas específicas, si reciben prestaciones laborales y por qué se dedican a difundir propaganda, al momento de "entregar apoyos sociales" del Gobierno Federal.
Al considerar que esa situación irregular se presta para cometer actos de corrupción y de tipo electoral, demandó que se regule su actuar y de ser necesario, esa estructura se redefina, para justificar su operación y obligarla a que cumpla la ley.
Subrayó que de acuerdo a datos oficiales, la Secretaría del Bienestar contrató de enero a marzo de este 2019, a 17 mil 621 personas para realizar las tareas señaladas, lo que resulta contradictorio con los argumentos de austeridad y de adelgazamiento de la burocracia.
En cuanto a la reforma propuesta por la coordinadora Juárez Piña, indicó que es preciso prohibir el "acarreo" de estudiantes y en especial de menores de edad a actos de tipo político, al considerar que esa actividad no solo es irresponsable, sino que viola los derechos de la niñez.
Recalcó que ese no es el modo de promover una cultura de participación ciudadana, sino de utilizar a niños y adolescentes con fines político-electorales.
Añadió que actividades no programadas en el calendario escolar, deben ser autorizadas debidamente y solo en caso extraordinario.
Puntualizó que su iniciativa prevé inscribir en la Ley General de Educación, que los docentes deberán "evitar que las y los niños y jóvenes sean obligados a participar en actos públicos de carácter político o proselitista" y que las asociaciones de padres de familia podrán estimular y promover actividades extra que complementen la formación del alumno "siempre y cuando no sean con fines políticos, ideológicos o proselitistas".
También en temas electorales, la diputada perredista Frida Esparza propuso cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer topes de campaña y de financiamiento privado para elecciones de Presidente de la República y legisladores federales, cuando menos con 30 días de hábiles de anticipación.