En la Cámara de Diputados, la Sección Instructora presidida por el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Pablo Gómez, dio inicio a la revisión del expediente de juicio político abierto contra la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, involucrada en el escándalo de la "Estafa Maestra".
Al dar cuenta de los primeros resolutivos, el diputado Gómez Álvarez indicó que está corriendo el plazo de siete días para que Robles Berlanga comparezca en persona o por escrito, el cual vence el próximo 10 de diciembre.
En caso de que ella decida acudir a San Lázaro, la Instructora tendrá que solicitar al juez disponga lo necesario para garantizar su presencia en el recinto, puntualizó.
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"El único plazo que ella tiene es para comparecer personalmente o por escrito, son siete días a partir del siguiente al que rindió efectos la notificación, el día 10 termina. Le solicito al Juez que dicte las medidas conducentes a garantizar su presencia en el Palacio Legislativo", dijo.
"¿Que la traigan aquí a la Cámara custodiada?", se le preguntó.
"El Juez dirá, el Juez dará las instrucciones a las autoridades del reclusorio, ¿no?", respondió el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Consultado respecto a si dicha diligencia se llevará a cabo de manera abierta o a puerta cerrada, el congresista dijo que sería pública y habrá difusión en medios de comunicación.
Respecto a si la señalada no responde al citatorio que se le ha formulado de manera oficial, manifestó que "su silencio" se interpretaría como su rechazo a los señalamientos en su contra, y el proceso continúa.
Agregó que la siguiente cita para la Instructora será el próximo martes 10 de diciembre, momento en que se abrirá el periodo de pruebas y de solicitud de información a distintas dependencias e instancias que han tomado cartas en el asunto.
Al rechazar que el juicio a la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDEDOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) pueda avanzar "en fast track", puntualizó que el procedimiento podría tener un resolutivo en marzo del 2020.
Agregó que en una primera fase de revisión y acopio de información, se solicitarán datos y elementos a universidades públicas que firmaron contratos con empresas prestadoras de servicio a las que se habría entregado el dinero desviado a través de la "Estafa"; y en una segunda fase de actuación, se podría solicitar la presencia de personas involucradas.
Recordó que el juicio en su conjunto se llevará a cabo en un plazo de 60 días.
El mes de diciembre será para la presentación de pruebas.
El 11 de enero de 2020 se cerrará el primer periodo de pruebas y será en ese momento cuando se decida si se abre uno nuevo.
Fue enfático en calificar como inédito e histórico el procedimiento en marcha, ya que en el país nunca se había llevado a cabo un proceso de tales características ni con el fin de señalar responsabilidades políticas de un funcionario o ex funcionario público, en este caso, exfuncionaria.