El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) rescindió el contrato con 18 despachos de cobranza judicial, tras detectar distintas irregularidades en su proceder que afectaba directamente a los acreditados que por desempleo u otra razón habían suspendido los pagos de su hipoteca.
En conferencia de prensa el director del organismo, Carlos Martínez Velázquez dio a conocer que pese a que desde 2016 se habían encontrado estas malas prácticas, se les volvió a contratar.
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El funcionario agregó que para hacer frente al incremento de la cartera vencida las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña adjudicaron de manera directa contratos a despachos, sin controles suficientes sobre su trabajo y los pagos que recibían, lo que ocasionó un incremento de 328% en el gasto destinado a estos proveedores en el periodo 2013-2018 (36 mil millones de pesos) con respecto al periodo 2007-2012 (8 mil 400 millones de pesos).
En este contexto el director del Infonavit presentó un nuevo modelo de cobranza social cuya finalidad es incentivar el pago continuo y oportuno de los créditos, privilegiar la conservación del patrimonio del acreditado, toda vez que se le ofrecen 7 esquemas de soluciones para los casos en que los beneficiarios se quedan sin empleo o tienen dificultades para pagar.
Al respecto, Bernardo Altamirano Rodríguez, subdirector de Administración de Cartera dio a conocer que por primera ocasión se licitaron los servicios de cobranza del instituto.
Detalló que derivado de este proceso se adjudicaron 51 contratos a 19 despachos que proveerán servicios de cobranza en 20 zonas geográficas.
Confió en que este esquema permita tener una tasa de recuperación que supere el 50 por ciento de expedientes.