Entre acusaciones, diputados aprueban cambios del Senado a paquete fiscal 2020

Los congresistas aceptaron modificaciones como la eliminación del cobro de derechos por el uso agrícola de agua.

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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó entre reclamos mutuos y reparto de culpas, los cambios hechos por el Senado de la República a la Miscelánea Fiscal, incluyendo la Ley de Derechos y la Ley de Ingresos 2020.

Con voto dividido, los congresistas aceptaron modificaciones como la eliminación del cobro de derechos por el uso agrícola de agua, la reducción en las tasas de retención de impuestos a las plataformas digitales, así como las medidas para valorar la regularización de "autos chocolate".

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Los dictámenes aprobados serán enviados a la Mesa Directiva del recinto, para su programación a debate en la sesión ordinaria de este miércoles 30 de octubre de 2019.

Teniendo como invitados a representantes del sector agropecuario, que festejaron con aplausos la decisión de dar marcha atrás por el cobro de derechos de agua, legisladores de la oposición reclamaron que ese intento de captar recursos a costa de los productores del campo, provino de la Presidencia de la República.

En el Congreso todos saben, recalcó la diputada priísta Erika Sánchez, que ninguna decisión legislativa se mueve sin que el Ejecutivo lo ordene.

El Partido del Trabajo (PT) salió a deslindar de esa decisión al Primer Mandatario y a los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia.

El diputado Óscar González señaló como responsable a la Secretaría de Hacienda.

Los integrantes de Morena pidieron a sus críticos dejar los reclamos a un lado y admitir que, el reconocimiento del error cometido con el cobro de derechos por agua en el campo y corregir, es una actitud democrática.

Irónicos, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), invitaron a los productores que estaban presentes en la reunión, a acudir a San Lázaro a las rondas de discusión y aprobación del Presupuesto 2020.

"Se les va a necesitar", dijo el diputado Pedro Pablo Treviño.

Al debatir los cambios hechos en San Lázaro, a los que el Senado de la República dio revés, los legisladores del PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron en advertir que los cuantiosos recortes de entre 30 y 40 por ciento en promedio, propuestos por el Ejecutivo a la agricultura, agua y campo en 2020, podrían provocar una crisis en el país.

"Si realmente quieren apoyar al sector campesino, modifiquen el Presupuesto", planteó el diputado priísta y exsecretario de Hacienda, Fernando Galindo.

Al explicar los cambios hechos por el Senado al paquete fiscal del año entrante y que finalmente fueron aprobados con voto dividido en San Lázaro, excepto el tema del cobro de derechos al agua, que pasó por unanimidad, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas indicó que los senadores estimaron una mayor captación de ingresos.

Establecieron que en 2020, habrá ingresos extra por cuatro mil 415 millones de pesos, con lo que los ingresos para la Federación subirán de 6 billones 103 mil millones de pesos, a seis billones 107 mil millones de pesos.

Ese punto fue rebatido incluso por legisladores pertenecientes a la mayoría.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval calificó como "opaco" y "ficticio" ese incremento.

El líder de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, pidió formalmente que la Comisión de Hacienda pida al Senado y a la Secretaría de Hacienda informar cuál será el origen de esos ingresos adicionales.

La minuta del Senado dice que esa bolsa extra saldrá de "Otros Aprovechamientos", pero no hay mayor explicación, agregó la diputada Terrazas.

A la exigencia de esclarecer el origen de los más de cuatro mil millones de pesos, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Isabel Trejo, calificó como llamativo que el Senado "corrija la plana" a los diputados y encima determinen que el 2020 habrá recursos extra cuya fuente no es clara.

Trejo Reyes pidió a los diputados admitir que si bien el origen de ese monto no es claro, es un hecho que la Secretaría de Hacienda debió darle el visto bueno, como ocurre invariablemente en todas las discusiones presupuestales en el Congreso.