En la Cámara de Diputados, líderes fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ahora representantes de la asociación Futuro 21, acudieron a interponer demanda de juicio político contra el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, el gabinete de seguridad federal y quienes resulten responsables por las balaceras en Culiacán, Sinaloa, lo que incluso podría alcanzar al Presidente de la República.
Al presentar el recurso que fue entregado en la Secretaría General del recinto, los perredistas Jesús Ortega y Jesús Zambrano, también identificados como "los Chuchos", puntualizaron que el principal señalado en la solicitud de juicio político es el secretario Durazo Montaño, como responsable material de operativo fallido en Culiacán.
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Y dado que el Presidente de la República tiene fuero, puntualizó Ortega Martínez, si es preciso se acudirá ante la Fiscalía General de la República (FGR).
"De ser necesario también iremos a la Fiscalía General de la República, pero nos importan mucho que se desahogue todo el procedimiento de juicio político en la Cámara de Diputados, porque va a involucrar este evento, este delicado evento a muchos otros funcionarios, incluido probablemente el Presidente de la República. Él goza de inmunidad, por eso tenemos que poner la solicitud de juicio político con el inmediato funcionario encargado del operativo en Culiacán que es Alfonso Durazo", recalcó el también fundador de la corriente perredista Nueva Izquierda (NI).
Ortega y Zambrano Grijalva subrayaron que el fallido operativo ejecutado la semana anterior en Culiacán, en el que fue detenido y liberado uno de los hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, mostró la incapacidad del titular de la Secretaría de Seguridad para realizar sus labores.
Al advertir que por tal ineficacia, la seguridad de los ciudadanos "corren un grave riesgo en sus manos", aseveraron que la determinación de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", también revela que Durazo Montaño estuvo involucrado en un acto de corrupción e impunidad.
Al lamentar que el Estado haya claudicado ante la presión y poder del crimen organizado, recalcaron que la liberación del hijo del líder del Cártel de Sinaloa, también es complicidad.
Por lo anterior, exigieron que el responsable de la política de seguridad en el país rinda cuentas sobre las condiciones en que Ovidio Guzmán fue capturado y liberado, a qué interese respondió como responsable del operativo en cuestión, "a qué bando" obedece y si asumirá las consecuencias de haber incurrido en el delito de evasión de un detenido, cuya pena se agrava y es de cárcel, por tratarse de un alto funcionario federal.