La senadora del PRI, Vanessa Rubio Márquez presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicar los criterios e implicaciones jurídicas bajo los cuales el gobierno mexicano otorgó protección a siete asambleístas ecuatorianos en la Embajada de México en aquel país.
La legisladora consideró que es necesario conocer el significado e implicaciones de protección consular y derechos derivados de dicho concepto, en este caso particular. Además, se debe tener claridad de la interpretación y uso de los principios de política exterior establecidos en la fracción X del artículo 89 de la Constitución.
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Rubio Márquez recordó que el 12 de octubre, en medio de las protestas registradas en Ecuador, el gobierno mexicano otorgó "protección y resguardo" a Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional por el Movimiento Político Revolución Ciudadana.
Posteriormente, el día 14, la embajada en Quito recibió a Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional; a Soledad Buendía, asambleísta nacional; a Carlos Viteri, asambleísta nacional; así como a sus cónyuges.
El acuerdo resalta que la política exterior mexicana ha otorgado protección consular a ciudadanos de otros países, y éstas han cumplido con ciertas condiciones como las solicitudes fundadas de asilo, el rompimiento del orden constitucional, revoluciones, o guerras en terceros países.