El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab lanzó un llamado al Estado mexicano para cumplir cabalmente con las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Lo anterior, determinando la total responsabilidad del gobierno de México por la violación de los derechos de un hombre con discapacidad al privarlo de su libertad.
Información relacionada: Bárcena elogia que gobierno de AMLO impulse combate a la pobreza
"Llamamos respetuosamente al Estado mexicano para que cumpla con las recomendaciones que se le formulan para garantizar la no repetición de estas violaciones. Con esta decisión hoy el Estado mexicano tiene una nueva oportunidad para apropiarse plenamente de los contenidos de la convención y fortalecer su relación con el órgano de supervisión de la convención", indicó.
En conferencia de prensa, Jarab señaló que "el sistema como existe hoy en México está diseñado para excluirles y no para hacerlos parte, esto impulsa un cambio legislativo necesario".
Cabe recordar que el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución histórica en la que se pronuncia sobre la responsabilidad del Estado mexicano al incumplir con sus obligaciones derivadas de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En específico, las obligaciones de asegurar, promover la igualdad y no discriminación, la accesibilidad, la igualdad ante la ley, el acceso la justicia y la libertad y seguridad de las personas con discapacidad.
En el caso de Arturo Medina Vela fue imputado por supuesto robo de un vehículo en 2011, declarado inimputable debido a su incapacidad psicosocial e intelectual y sancionado con una medida de seguridad en internamiento por cuatro años en el centro varonil de readaptación psicosocial.
A lo largo de su proceso penal y debido a su condición de persona con discapacidad, las autoridades judiciales le negaron la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica para declararse inocente, aportar pruebas para su defensa e impugnar las presentadas contra el así como designar a la defensa de su elección.
Derivado de lo anterior, el Comité de Naciones Unidas concluyó que le Estado mexicano, a través de las instituciones de impartición de justicia violó los derechos humanos de Arturo, establecidos en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.