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El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles, sugirió al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lanzar una nueva licitación hacia la iniciativa privada, a fin de ordenar y completar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
En vista de la serie de problemas que presenta el proyecto actual, indicó el legislador, es preciso recomponer la situación y evitar que a futuro, el Estado termine “rescatando” la nueva terminal.
Robles Montoya enfatizó que si el gobierno entrante no cumple las condiciones contractuales con los
inversionistas que ya están participando en la construcción, no le quedará más que “rescatar” la obra y asumir las pérdidas por ello.
Recalcó que en el corto plazo, el plan del Nuevo Aeropuerto contempla contar con tres pistas, como las que operan actualmente y como las que tiene la base militar de Santa Lucía, lo que representa un problema de origen.
Añadió que otro de los inconvenientes es que no se conoce a ciencia cierta el costo del mantenimiento permanente, debido a la inadecuada calidad del suelo sobre el que se está edificando.
Al enfatizar que tampoco hay certeza sobre el costo estimado ni final del proyecto, que también ha involucrado la emisión de deuda pública, cuya garantía es la recaudación por el derecho de uso de la terminal, el congresista recalcó que ese grado de incertidumbre obliga al gobierno de transición a tomar decisiones.
“Si los gastos de mantenimiento del proyecto son inciertos por el que deberá dársele de manera continua a las pistas, terminales y demás instalaciones por la calidad del suelo, los flujos netos previstos serán insuficientes para cubrir los compromisos de deuda, por lo que el nuevo aeropuerto puede convertirse en el siguiente proyecto que tenga que ser rescatado por el Estado”, insistió.
“Si ningún inversionista privado asume los riesgos, estaremos ante la plena certeza de que las voces que hoy se levantan en defensa de la nueva terminal aérea solo lo hacían buscando su beneficio particular y no el bien de la nación”, opinó.
Al enfatizar que tampoco hay certeza sobre el costo estimado ni final del proyecto, que también ha involucrado la emisión de deuda pública, cuya garantía es la recaudación por el derecho de uso de la terminal, el congresista recalcó que ese grado de incertidumbre obliga al gobierno de transición a tomar decisiones.
“Si los gastos de mantenimiento del proyecto son inciertos por el que deberá dársele de manera continua a las pistas, terminales y demás instalaciones por la calidad del suelo, los flujos netos previstos serán insuficientes para cubrir los compromisos de deuda, por lo que el nuevo aeropuerto puede convertirse en el siguiente proyecto que tenga que ser rescatado por el Estado”, insistió.
“Si ningún inversionista privado asume los riesgos, estaremos ante la plena certeza de que las voces que hoy se levantan en defensa de la nueva terminal aérea solo lo hacían buscando su beneficio particular y no el bien de la nación”, opinó.