Deben redoblarse esfuerzos para la correcta implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) que tiene entre sus propósitos esenciales prevenir conductas ilícitas incluyendo hechos de corrupción entre servidores públicos.
A un año de su entrada en vigor, la funcionaria publicó una columna a través de un diario nacional en el que destaca que dicha norma responde a la irrenunciable obligación de las autoridades de respetar derechos fundamentales como la garantía de audiencia y la legalidad, así como el debido proceso.
“La LGRA, como cualquier norma, pasará por una etapa de adaptación, evaluación y mejora, conforme la práctica lo vaya exigiendo. En esta evolución, marcarán la pauta el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los jueces en la materia, a través de sus sentencias y jurisprudencias”, señaló.
Gómez González afirmó que “la nueva ley representa un cambio de paradigma, al establecer un marco de actuación específico para entidades públicas federales y estatales, homologando criterios y distribuyendo facultades con precisión”.
Para satisfacer el derecho al buen gobierno, consideró que las declaraciones patrimoniales y de intereses son un elemento objetivo para la identificación de probables comisiones de faltas administrativas.
Reconoció que algunos aspectos de la Ley son perfectibles desde la perspectiva legislativa o administrativa. “En cuanto al enfoque legal, habría que ponderar que los instrumentos de rendición de cuentas se focalicen en los servidores públicos que manejan recursos o ejercen autoridad”.