En México existen aproximadamente 36 mil 194 cámaras de vigilancia, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017. Sin embargo, no cuenta con una legislación federal que defina los criterios de instalación, administración y gestión de esos dispositivos.
Por ello, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) afirma que es necesario construir un marco normativo que limite y regule su uso, códigos de prácticas, estándares técnicos y la intervención de los diferentes niveles de gobierno.
El órgano de la Cámara de Diputados indica en el documento “Vigilar sin castigar. Un panorama de la videovigilancia en México” que mucho se ha discutido sobre el fin que persiguen estos sistemas debido a la ineficiencia en la reducción de la criminalidad en ciudades que han decidido invertir en ellos con el propósito de ser seguras.
Resalta que la legislación sobre el uso de la videovigilancia es todavía incipiente en México, toda vez que se centra en los temas relativos a privacidad y la protección de datos personales, pero deja de lado los efectos sociales.
En este sentido CESOP destaca que la disminución registrada en la incidencia de delitos de alto impacto, no se puede atribuir a la existencia de cámaras de videovigilancia.
“La proliferación del uso de estos sistemas tiene un elevado potencial simbólico para transmitir una imagen de capacidad y de acción política”, pero “van en detrimento del derecho a la libertad y privacidad de quien habita las ciudades custodiadas por el lente”, expone.
También refiere que la CDMX es pionera en el país en materia de videovigilancia, a través del programa “Ciudad Segura”, cuya inversión en una primera etapa fue de 760.8 millones de dólares que representó la instalación de más de ocho mil cámaras en el área metropolitana entre 2009 y 2012, así como un centro de control de emergencias y la capacitación de funcionarios para operar el sistema.
Al respecto el CESOP cuestiona si con la instalación de estos dispositivos de seguridad el crimen descendería y el problema podría quedar resuelto.
Añade que algunos países, como Reino Unido, España y Argentina, también cuentan con un marco jurídico en esta materia.