'Importante Precedente', fallo sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: AI

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara, indicó que parece quedar demostrado que la teoría referida a la supuesta incineración de los estudiantes en ‘un basurero en Cocula’, es poco creíble.

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La decisión de un tribunal federal de ordenar la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa “es un precedente importante que podría iniciar un cambio sustancial en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos en México”, resalta Amnistía Internacional.
 
“Parece quedar demostrado que la teoría del caso de la Procuraduría, referida al supuesto asesinato e incineración de los estudiantes en ‘un basurero en Cocula’, es poco creíble y que es mantenida solamente a costa de ignorar las pruebas  y alterar la evidencia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
 
 
“Después de cuatro años de continuos fracasos en la investigación del caso, esta decisión representa un avance importante en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzosamente la noche del 26 de septiembre de 2014”, agregó Guevara-Rosas.
 
La sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas, hecha pública el 4 de junio, reconoce que en México “no hay una Fiscalía independiente”, y que la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes ha sido profundamente “defectuosa” y no ha tomado en consideración las líneas de investigación adecuadas.
 
Entre las fallas en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), el Tribunal destacó las coincidentes y reiteradas alegaciones de tortura, la sustentación de la acusación casi exclusivamente a través de confesiones incriminatorias, y la omisión de investigar hechos y autoridades relevantes para el caso, incluyendo a miembros de la Policía Federal, el Ejército y la Marina.
 
“La reacción inicial de la Procuraduría de manifestar públicamente su desacuerdo con la sentencia en vez de establecer una ruta clara para su cumplimiento hace pensar que el gobierno de México no ha entendido su responsabilidad en la investigación y sanción en este caso de graves violaciones de derechos humanos.”