Urgen expertos a presidenciables adoptar agenda ambiental

Solicitaron a los candidatos adoptar una agenda ambiental elaborada por investigadores de la UNAM

Escrito en NACIONAL el
Demandan expertos a presidenciables garantías para ejercer el derecho al medio ambiente, agua, energía, biodiversidad, bosques, ciudades, costas y mares, agricultura y suelos, minería y derecho al medio ambiente.
 
Los universitarios también urgieron a los candidatos a la Presidencia de la República a adoptar la agenda ambiental 2018 elaborada por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo documento carece de “cargas ideológicas”, ofrece un diagnóstico y presenta 49 propuestas concretas sobre 10 temas urgentes en materia ambiental.
 
 
Los integrantes del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional, consideran que la agenda es prioritaria e impostergable, por la pérdida de ecosistemas y biodiversidad; por la creciente ilegalidad en el aprovechamiento forestal; por los problemas de movilidad, contaminación y vulnerabilidad de las ciudades, y por la falta de inversión en energías renovables.
 
También, por el agotamiento de las pesquerías y de los hidrocarburos convencionales; por la destrucción de los manglares; porque el deterioro ambiental viola el derecho humano al medio ambiente; por la erosión de los suelos y la pérdida de seguridad alimentaria; y por la falta de acceso al agua de calidad.
 
Adalberto Noyola Robles, del Instituto de Ingeniería (II), propuso rediseñar la Comisión Nacional del Agua (a la que Pedro Moctezuma, de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró “reprobada”), fortaleciendo sus instancias de participación, planeación, inspección y sanción. Además, apremió a readecuar el sistema de concesión de aguas nacionales, dar prioridad a nivel municipal al suministro, y al tratamiento del líquido residual en zonas rurales y urbanas. Se propone avanzar hacia la gestión sustentable e integral de las aguas subterráneas, en especial de acuíferos sobreexplotados.
 
Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, planteó democratizar la energía a través de la generación solar distribuida y la eliminación de subsidios regresivos a las tarifas eléctricas. También, incrementar las energías renovables a por lo menos 40 por ciento para 2024 y adoptar programas de eficiencia energética a gran escala.
 
Consideró fundamental evitar la construcción de nuevas refinerías y plantas de ciclo combinado de gas natural, que serán obsoletas en 20 años, e incrementar gradualmente el impuesto al carbono para combustibles fósiles.
 
Carlos Muench, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la UNAM, expuso que se debe prohibir la minería y los grandes desarrollos turísticos en áreas naturales protegidas, así como el uso de insecticidas y otros tóxicos que afectan a los polinizadores de cultivos, que vulneran la salud y seguridad alimentaria de la población.
 
Sugirió fortalecer las políticas de sustentabilidad y conservación en áreas rurales, a través de zonas dedicadas a la conservación y los paisajes bioculturales.
 
En materia de bosques, Francisco Cravioto, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), propuso ubicar el manejo forestal comunitario como eje y prioridad para el desarrollo y conservación de las regiones forestales, combatir las extracciones forestales ilegales y reestructurar al sector con presupuesto suficiente para el fomento de la producción sustentable.
 
Sobre minería, planteó decretar una moratoria a las nuevas concesiones mineras, pues ya existen 23 mil en el país; restablecer el  la soberanía nacional y garantizar que sean municipios y comunidades afectadas por la gran minería los que decidan el uso del impuesto minero.
 
Marisol Aburto, del IIS, llamó al ordenamiento pesquero costas y mares, sobre el cual el documento pide generar planes de ordenamiento pesquero; crear zonas de regeneración de peces y un sistema nacional de monitoreo de costas y mares con participación de académicos y sociedad civil; y evitar la contaminación del mar con derrames de hidrocarburos, limitar el uso de plásticos y evitar que los agroquímicos lleguen al mar.