En las auditorías a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) aplicadas entre 2014 y 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró irregularidades que reflejan un uso poco claro de recursos públicos, falta de transparencia en los mecanismos de financiamiento, así como pagos altos y excesivos en contrataciones de bienes y servicios.
De acuerdo al informe de la Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, mismo que fue presentado ante la Comisión Especial de seguimiento a la nueva terminal, en el proyecto de construcción se omitió la rendición de cuentas.
La ASF determinó que tan solo en 2016, hay un monto de más de mil millones de pesos por aclarar; y, en suma, emitió 29 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Encontró que el contrato para construir la “Losa de Cimentación del Edifico Terminal” se adjudicó directamente al contratista que cobrará 61.4 por ciento más que la oferta más económica; aunado a que se pagaron 6.2 millones de pesos de más en la “conformación de tezontle”.
Registró falta de transparencia en la compra de parcelas, pagos de avalúos, servicios notariales y en el reintegro de recursos transferidos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y a la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), por 209 millones de pesos.
Tampoco se aclaró el uso de 389 millones de pesos en la construcción de la “Barda Perimetral” adjudicada a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), estableció la ASF.
Al presentar dicho análisis ante los legisladores, Javier Vega, director de Análisis de la Fiscalización Superior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, recalcó que las observaciones de la Auditoría sobre las distintas anomalías en el NAIC, corresponden a 567 millones de pesos, de los cuáles solo se han logrado recuperar 3.3 millones de pesos.
Vega Rodríguez puntualizó que los responsables de la obra tienen un plazo de 30 días para atender las observaciones de la Auditoría.
Agregó que el último día del mes de junio de 2018, esa instancia fiscalizadora presentará el informe de revisión a la Cuenta Pública del 2017, por lo que es altamente probable el incremento en el número de observaciones a la obra.
Detalló que el mecanismo de financiamiento para construir el Aeropuerto, en que participan paraestatales y fideicomisos privados, impide que los recursos que ingresan se reconozcan en la hacienda pública, y que las erogaciones se registren en la Cuenta Pública.
Se detectó “inexistencia de control” del Gobierno Federal en las erogaciones para la construcción, en especial en los pagos a entidades como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras.
La ASF encontró que “no es posible determinar el costo total del esquema de financiamiento”, incluyendo el capital de crédito, interese, comisiones y gastos asociados, que deberá pagarse con los recursos de la Tarifa de Uso Aeroportuario, TUA.
Los responsables de la obra tampoco han especificado el plazo para ceder los recursos de la TUA, a fin de liquidar los créditos adquiridos.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no acreditaron controles para reconocer el ingreso que tienen las líneas aéreas por la recolección de la TUA, y solo contempla “Manifiestos de salida”, es decir, documentos de buena fe.
No acreditaron la supervisión de la facturación que el Aeropuerto actualmente realiza a aerolíneas, que depositan la TUA en el fideicomiso privado con el que se está financiando en parte el Nuevo Aeropuerto.
No hay constancias sobre el registro y seguimiento a los gastos hechos por el Grupo Aeroportuario, a partir de los 58 mil 851 millones de pesos destinados al fideicomiso no paraestatal para la construcción de la nueva terminal.
El esquema de financiamiento utilizado “origina que la captación del financiamiento no se refleje como un pasivo ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en las finanzas públicas”, dice el resumen.