El Instituto Belisario Domínguez del Senado advirtió que el incumplimiento de plazos y la duplicidad de funciones han trabado la implementación efectiva de la legislación contra la tortura en nuestro país.
En su análisis “Retos y pendientes en materia normativa para prevenir y erradicar la tortura en México”, el IBD resaltó que, si bien se cuenta con una ley muy avanzada, existen problemas en la aplicación efectiva de los mecanismos para acabar con este problema.
Señaló que, a pesar de que la ley establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades, su operación podría convertirse en un gran reto, pues contempla la vinculación de 11 instituciones.
Además, el documento resalta que un aspecto que debe cuidarse es la duplicidad de funciones, como es el caso de la operación simultánea del Registro Nacional de Víctimas y del Registro Nacional del Delito de Tortura.
De igual forma, indica que otro aspecto de atención es el incumplimiento de los plazos previstos en la ley, como ocurrió con la infraestructura tecnológica para operar el Registro Nacional del Delito de Tortura, cuyo plazo venció el 26 de diciembre del año pasado.
El IBD aseguró que la persistencia de la tortura en nuestro país no se debe, necesariamente, a vacíos jurídicos, sino a problemas en la aplicación efectiva de los mecanismos para erradicarla y a posibles contradicciones entre las diversas normas.