La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud, a fin de reglamentar el uso y reúso de ataúdes, así como promover la cremación como una política pública, frente a la problemática que registra la disposición final de los restos de las personas fallecidas.
El dictamen aprobado con 315 votos a favor y cuatro abstenciones, será enviado al Senado de la República.
Contempla que la cremación o desintegración de cadáveres se llevará a cabo cuando cuente con permiso oficial del Registro Civil emitido dentro de las 48 horas siguientes al deceso, excepto cuando las autoridades sanitarias y del Ministerio Público dispongan otra cosa.
Establece que las funerarias deberán utilizar ataúdes de materiales biodegradables, que impidan el derrame de líquidos o el esparcimiento de olores.
La Secretaría de Salud federal será la encargada de determinar los riesgos sanitarios por uso y reutilización de ataúdes y féretros.
Prevé que el reciclaje de ataúdes se podrá llevar a cabo siempre y cuando se realice un procedimiento adecuado de desinfección con materiales biodegradables y se dé aviso a la autoridad sanitaria.
Serán las autoridades sanitarias locales las que verificarán los establecimientos funerarios, a fin de comprobar que sus servicios se presten de manera adecuada y se disponga conforme a la norma de los féretros y ataúdes.
También deberán implementar medidas, programas y mecanismos para la destrucción o reutilización de féretros y ataúdes en “condiciones ambientales responsables”.
Al presentar el proyecto, el diputado Juan Luis de Anda, secretario de la Comisión de Salud, indicó que con esas normas, se resolverá la falta de espacio para enterrar a los fallecidos, aunado a que se obligará a los prestadores de servicios funerarios a regularizar su operación.
De Anda Mata apuntó que por ello, la cremación debería ser catalogada como política pública, que no solo beneficia al medio ambiente, sino que genera alternativas a la carencia de sitios para inhumar o enterrar cadáveres.
Es preciso ajustar la norma para establecer reglas de sanidad adecuadas en los procesos de cremación y desintegración de cadáveres, así como inhibir las malas prácticas de prestadores de servicios funerarios, apuntó.
Cada año en México, mueren en promedio 650 mil personas de las cuáles, el 80 por ciento son inhumadas y el 20 por ciento son cremados, dijo
Añadió que de acuerdo al Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios, de los cuatro mil negocios existentes en ese ramo, el 60 por ciento opera en la informalidad, lo que va en detrimento de las familias mexicanas, pues implica un manejo irregular y no autorizado de los restos de fallecidos, así como abusos en el cobro por la realización de esas labores.
En su intervención, la diputada del Partido Verde (PVEM), Sharon Cuenca, advirtió que se tiene información de que las empresas funerarias, en especial las informales, reciclan los ataúdes hasta en cuatro ocasiones, lo que no solo representa un grave riesgo sanitario, sino un abuso en términos económicos.
“Yo les preguntaría a ustedes si alguna vez han pensado, al asistir a un servicio funerario, que ese ataúd donde está el cadáver ha sido usado una o más ocasiones. Ese es el objetivo principal de esta iniciativa. Es muy común que las empresas funerarias, normalmente las que operan en la informalidad o en la ilegalidad, hagan un reciclaje del uso de ataúdes hasta por cuatro veces”, advirtió la diputada Cuenca Ayala.