La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados expresó su rechazo al proyecto de leyes secundarias en materia laboral aprobado en el Senado de la República.
El coordinador Francisco Martínez indicó que en la víspera de un nuevo “albazo” de la mayoría en el Congreso encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se solicitará que la Junta de Coordinación Política abra un espacio de consulta amplio con organizaciones laborales, especialistas y académicos, para impedir que el proyecto lesivo para los trabajadores se imponga.
En un comunicado, calificó dichas disposiciones como “un severo golpe a los derechos de la clase trabajadora”.
“Por ello, rechazamos que se use esta reforma para incorporar un marco laboral regresivo, mediante la facilitación del despido, la reducción de prestaciones e indemnizaciones a los trabajadores y el abaratamiento las sanciones a los patrones que violen la ley, como suscribe el PRI y sus aliados”, alertó.
Martínez Neri señaló que las leyes secundarias en la materia, deberían salvaguardar los derechos de los trabajadores, así como el libre ejercicio de la autonomía, libertad, democracia sindical y a una contratación colectiva auténtica, no simulada.
Acusó que la mayoría en el Legislativo y representantes del Gobierno Federal, lejos de consultar ampliamente y abrir el debate con la clase trabajadora, legisladores y expertos, llevaron a cabo reuniones cerradas con la cúpula empresarial y sindicatos corporativistas afines al Ejecutivo, para emitir un ordenamiento que les es favorable a los patrones y a unos cuantos líderes sindicales.
Al reiterar que un tema tan sensible obliga a hacer consultas abiertas y a debatir a fondo el asunto, el congresista por Oaxaca enfatizó que promoverá en San Lázaro ese ejercicio, a fin de lograr reformas que garanticen una verdadera justicia laboral.
Sentenció que los perredistas en la Cámara no aceptarán la imposición de controles corporativos en casos de conciliación con los trabajadores y de registro de contratos colectivos de trabajo, como señala el proyecto señalado.
“De aprobarse este marco jurídico será inaplicable el ejercicio de derechos ya reconocidos en la Constitución, como son la autentificación de la contratación colectiva, la libertad y la democracia sindical”, remarcó.