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El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, condenó el asalto y actos de violencia en contra de estudiantes y maestras perpetrados por un grupo de encapuchados el martes 20 de marzo en la escuela telesecundaria “Vicente Suárez”, del Puerto de Acapulco, Guerrero.
“Es lamentable, es condenable, es reprochable, es triste, no solamente por el atraco, sino la vejación a que fueron sometidos mujeres, niñas, niños, profesores. Nos preocupan las tres “is”: inequidad, ilegalidad e inseguridad. Y éstos dos últimos temas: inseguridad y legalidad es lo que vemos reflejado en ciertas zonas del país, donde no se ha garantizado el derecho a la seguridad ciudadana, que los niños y niñas puedan tomar la educación con la tranquilidad, y los profesores puedan impartir. Esto es lo que estamos exigiendo: se tiene que tomar acciones para mejorar nuestra seguridad”, enfatizó.
Tras participar en el Foro de análisis “Hacia la regulación de la Publicidad Oficial en México”, y de presentar el “Informe Especial sobre asignación y contratación de la Publicidad Oficial”, el Ombudsman nacional exhortó a no caer “en aplicar justicia por propia mano, no necesitamos justicieros, lo que requerimos es que se aplique la Ley”, subrayó.
“Deseamos reconstruir el tejido social, por un lado, y necesitamos fortalecer nuestro débil Estado de derecho”, remarcó al aclarar enfático que “desde los derechos humanos, pedimos de las autoridades que apliquen la Ley, que actúen con todo el rigor que la Ley les da”.
Pero, subrayó, “lo que pedimos de las autoridades es que no incurran en torturas, en detenciones arbitrarias, en ejecuciones arbitrarias, en desapariciones, que no persigan el delito, cometiendo delitos. Tenemos que abocarnos a dignificar la tarea del policía, de las fuerzas armadas, a dignificar la tarea que realizan, pero también, cuando alguien se aparta de la Ley (hay que) sancionarlo”.
“Los Derechos Humanos está en favor de más y mejor seguridad, Derechos Humanos está en favor de que vivamos en paz y en tranquilidad. Derechos Humanos está porque se aplique la Ley a quien comete una conducta ilícita. Derechos Humanos está en contra de que se apliquen métodos contrarios a la legalidad”, concluyó González Pérez.