El Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), debe dar a conocer cuántas empresas privadas ha contratado para implementar medidas de prevención y seguridad a favor de defensores de derechos humanos y periodistas, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El organismo agregó que se debe detallar el tipo de contratos firmados del 25 de junio del 2012 al 6 de diciembre del 2017, así como presentar versiones públicas de los mismos.
Lo anterior, al resolver una solicitud de información formulada por un ciudadano que solicitó datos sobre los contratos referidos, y el fondo le respondió que se trataba de información reservada, que de ser revelada pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de periodistas y defensores.
El promovente se conformó con la respuesta y al analizar el caso, el INAI consideró que los datos referidos son relevantes, en el marco de la situación de violencia y agresiones contra periodistas y defensores de derechos en México, que se ha convertido en una “realidad cotidiana”.
Los comisionados recordaron que por tal motivo, se implementaron reformas legales que prevén medidas de resguardo y seguridad física, para salvaguardar la vida de los sujetos señalados.
Asimismo, consideraron que conocer cuántas empresas han sido contratadas y bajo qué condiciones y tipo de contratos no pone en riesgo la vida, seguridad o salud de los prestadores del servicio, porque no se solicitó identificar por nombre a los proveedores ni a los periodistas y defensores que estarían bajo su cuidado.
Con el fin de resguardar a los protegidos; así como la información correspondiente a los materiales, equipos y estrategias de seguridad aplicadas, se estableció que revelar esos datos podría arriesgar la vida de los beneficiarios, y por lo tanto, el ente obligado deberá emitir una versión pública de los contratos, donde ese tipo de aspectos queden bajo resguardo.
Recalcaron que la transparencia en esa materia, permitirá conocer cuántas empresas privadas brindan protección a defensores y periodistas; el monto de los contratos y elementos generales que abonan a la rendición de cuentas y no ponen en peligro la integridad de los involucrados.