La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a José Antonio Altamirano Ojeda y Aciel Sibaja Mendoza, identificados como dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El amparo tiene como objetivo revertir la resolución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, mediante la cual aseguró sus cuentas bancarias como parte de una investigación por lavado de dinero.
El ministro Javier Laynez, que tuvo a su cargo el recurso promovido por Altamirano Ojeda, indicó que el aseguramiento de sus cuentas no debía ser aplicado porque el delito que se le imputó no fue el de terrorismo.
A su vez, la ministra Margarita Luna Ramos resolvió el amparo de Sibaja Mendoza con el argumento de que una autoridad distinta al ministerio público, como lo es Hacienda, no puede instrumentar medidas de bloqueo de cuentas.
En 2015 la PGR ejerció acción penal contra los líderes de la Sección 22 por un desvío de más de 132 millones de pesos. A los imputados los señaló por lavado de dinero supuestamente cometido entre 2013 y 2015, periodo en el que Rubén Núñez Ginez controlaba el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.