Ley de Seguridad Interior se hizo 'con las rodillas', la Corte debe valorarlo: Triana

Jorge Triana del PAN llamó a los ministros de la SCJN que analizan las distintas acciones de inconstitucionalidad presentadas contra esa norma a que consideren menos Estado y sí más ciudadanía.

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La Ley de Seguridad Interior aprobada por “mayoriteo” en el Congreso de la Unión fue hecha sobre “las rodillas” e implica graves riesgos de que el Estado incurra en conductas autoritarias, advirtió el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana.

El legislador hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que analizan las distintas acciones de inconstitucionalidad presentadas contra esa norma, a que resuelvan con “altura de miras” y consideren a fondo los argumentos respecto a que la norma es inconstitucional.

“El mensaje a los ministros de la Corte, para que tomen en cuenta esta situación, queremos menos Estado y queremos más ciudadanía y la Ley de Seguridad Interior garantiza todo lo contrario”, alertó, al subrayar que el proyecto elaborado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene inconsistencias, contradicciones y abre la puerta a un régimen autoritario.

Lo anterior, al permitir excepciones “por todas partes”, a fin de que las declaratorias para aplicar la norma puedan ser emitidas de manera discrecional; aunado a que dejará bajo reserva toda la información que se genere a partir de su ejecución.

Esto representa un grave riesgo, anotó, porque no pone fecha de regreso a los cuarteles a las Fuerzas Armadas y genera un estado de “confort” para gobernantes locales que como hasta el momento, incumplirán en su obligación de capacitar y preparar debidamente a sus cuerpos policíacos.

Al participar en un foro sobre seguridad y participación ciudadana, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, Triana Tena se declaró convencido de que la Ley en cuestión es inconstitucional “de pies a cabeza”, es opaca y representa un incentivo perverso para que autoridades irresponsables sigan delegando en las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública.