El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) recibió un segundo revés jurídico por parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ya que este ordenó, en definitiva, reabrir la compañía USAGAS , la cual fue clausurada desde agosto pasado.
La Sala Superior del Tribunal Administrativo resolvió el viernes pasado que la empresa Gasera instalada en la Delegación Gustavo A. Madero cuenta con toda la documentación en regla que le permite operar en la distribución de gas licuado de petróleo.
Felipe Zavala, apoderado legal de la empresa USA GAS informó que el INVEA deberá responder además, por el quebranto económico causado a la compañía ya que desde el mes de septiembre el tribunal de justicia administrativa ordenó la reapertura del inmueble ya que exhibió la documentación legal que avala su funcionamiento.
“No se suspenden los efectos de la orden de retiro de sellos, esa es una de las ventajas que la ley le da al ciudadano, porque la tardanza de ese retiro se sellos causa daños de difícil reparación y de entrada el Tribunal lo que verifica es que si cumplimos con apariencia del buen derecho, si tenemos el interés jurídico pero sobre todo el interés suspensional, el Tribunal no nos va a dar una orden de retiro de sellos si no acredita que contamos con los permisos suficientes”, apuntó.
Por otra parte mencionó que en breve se analizará la presentación de una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable por la inejecución del ordenamiento que realizó en septiembre pasado dicho tribunal.
Las querellas podrían recaer directamente en la figura del titular del INVEA, Meyer Klip, así como los directores de área y personal operativo que se negó a retirar los sellos de clausura pese a la orden judicial.
En el mismo sentido la gasera dejó abierta la posibilidad de entablar un juicio civil contra el INVEA por los daños causados a la empresa así como a más de 600 empleados (directos e indirectos) que se quedaron sin la respectiva fuente de ingresos.
La compañía dijo desconocer las motivaciones del instituto al cargo de Meyer Klip para mantener cinco meses cerrada el inmueble cuyas pérdidas estiman en 50 millones de pesos, aproximadamente.
En caso de incumplir con el ordenamiento de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, la citada empresa recurrirá al juicio de amparo para que sea un Juez Federal quien valore la legalidad del proceso y obligue a dicho Instituto a cumplir el fallo.
@amarilloalarcon