Al sumar 25 días de la hospitalización, Marco Antonio Sánchez, su familia y el equipo de defensa continúan enfrentando obstáculos para el acceso al expediente médico y, aunque celebran que su caso será el primero en ser investigado por la recién creada Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, prevalece una obstaculización para acceder a la justicia en su caso, reclaman defensores de la infancia.
El 23 de enero de este 2018 el estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, fue víctima de una detención arbitraria por parte de policías de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP CDMX) del Sector Hormiga en la Delegación Azcapotzalco.
Sin embargo, las autoridades de la Procuraduría negaron iniciar la investigación por desaparición forzada y obligaron a esperar 48 horas para iniciarla por “extravío” aún con evidencias y testimoniales de haber sido arrestado por los policías. La indignación social permitió la recuperación con vida del adolescente.
Desde ese día el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Secretario de Seguridad Pública y el Procurador capitalino negaron la posibilidad de una detención arbitraria y posterior desaparición forzada a manos de la policía de la Ciudad, aún con la exigencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Amnistía Internacional y expertos en derechos humanos de cumplir con la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley de Desaparición Forzada).
De esta forma, las acciones de las autoridades de la Ciudad de México se han mantenido en la negativa de reconocer e investigar con el estándar más alto posible este hecho delictivo, reduciéndolo a “un error de protocolo” y “abuso de autoridad”.
Además, se han filtrado de forma permanente informaciones de la carpeta de investigación con el objetivo de criminalizar al adolescente y se litigó el caso en medios de comunicación poniendo a disposición de los policías denunciados recursos institucionales para intimidar a la víctima y su familia; se negó el acceso a la carpeta de investigación y al expediente médico por instrucciones del Ministerio Público; se mantuvo por semanas el hostigamiento a la familia y al principal testigo de los hechos y al equipo de defensa hasta que se logró la protección de la Policía Federal a través de un amparo promovido por la defensa.
La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PJCDMX) sigue sin investigar e informar qué le sucedió a Marco Antonio los 5 días posteriores a su desaparición en los que no se tiene registro de evidencias, ni una explicación sobre lo que le hicieron para presentar un severo cuadro de daño psicológico y posiblemente neurológico.
Tras 25 días de hospitalización en el Instituto Nacional de Pediatría (INP) y el Instituto Nacional de Neurología (INN), ambos dependientes de la Secretaría de Salud Federal (SS), la familia tiene serias restricciones para estar acompañando a Marco, sólo se han ofrecido informes verbales y se le ha mantenido en sujeción a su cama revictimizándolo e ignorando la experiencia vivida en los 5 días que se mantuvo desaparecido.
“Expresamos nuestra preocupación porque los derechos humanos de Marco Antonio continúan siendo violentados, se continúa dificultando el acceso a la justicia y la investigación sigue enfocada en defender a los policías agresores y criminalizar al adolescente. Sin un cambio de voluntad política desde el Jefe de Gobierno, el Procurador y el Secretario de Seguridad Pública será imposible garantizar la justicia e integridad de esta adolescente víctima de la policía de la Ciudad de México; también esperamos tener pronto certeza sobre su salud y alternativas de atención”, reclaman la REDIM, Red por los derechos de la Infancia en México; ODI, Oficina de Defensoría de los Derechos de las Infancia y el IJPP, Instituto para la Justicia Procesal Penal.