La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), anunció que en los próximos días emitirá una resolución de reparación colectiva del daño a favor de aproximadamente 400 víctimas directas y mil 600 indirectas de la llamada “Guerra Sucia” en México.
Ésta se suma a la primera registrada en la historia del país, respecto a la reparación del daño sufrido por las víctimas del 68.
Lo anterior fue dado a conocer por el Comisionado Ejecutivo de la Jaime Rochín del Rincón, durante su participación durante la tercera evaluación del Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Además informó que en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) cuenta con un total de 19 mil 911 personas inscritas, de las que 48 por ciento son víctimas directas y 52 por ciento víctimas indirectas (familiares cercanos). Éstas últimas, en su mayoría (62 por ciento) son mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, Rochín del Rincón señaló que, en enero de 2015, inició la aplicación de recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) para víctimas de delitos del orden federal y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. Al 30 de septiembre de 2018, se ejercieron 861.3 millones de pesos como parte de la ayuda, asistencia y reparación del daño individual y colectiva, en beneficio de 4 mil 188 personas víctimas.
El Comisionado Ejecutivo destacó que en 2018 se realizaron las primeras reparaciones colectivas en la historia de México, comenzando con la correspondiente a las víctimas de los hechos trágicos de 1968, en la que, además, se fomentó el acceso a los derechos a la verdad y a la memoria.
Ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal, añadió que en los próximos días se emitirá otra resolución de reparación colectiva del daño a favor de aproximadamente 400 víctimas directas y mil 600 indirectas de la llamada “Guerra Sucia”.
Finalmente, el titular de la CEAV indicó se han realizado cuatro estudios de casos regionales de violencia en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Morelos, como medidas de satisfacción. Además, se ha iniciado un proceso de sistematización de testimonios de 480 víctimas indirectas de desaparición y desaparición forzada en el estado de Veracruz. Lo anterior, en apego al firme compromiso institucional de fomentar el acceso a los derechos a la verdad y a la memoria.