Pese a los “desafíos inéditos” para autoridades y sociedad en Tijuana, Baja California, por la llegada de la Caravana Migrante, es responsabilidad del gobierno proteger, garantizar y promover los derechos humanos de ciudadanos indocumentados de otros países.
Así lo manifestaron la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, durante una visita a la ciudad fronteriza.
También participaron representantes de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Conapred y SIPINNA reclamaron al alcalde tijuanense las rescisiones de contratos de arrendamiento que han sufrido recientemente los defensores de migrantes.
Haas y Bucio acordaron con el alcalde de Tijuana capacitar a todas las áreas del ayuntamiento en materia de no discriminación y se repartirá el documento Mitos y realidades de la Caravana Migrante, elaborado por el Conapred.
De igual manera, se acordó la mejora de condiciones y control de ingresos al albergue temporal Benito Juárez -en el que se encuentra dos mil 700 migrantes centroamericanos- y habilitar un nuevo refugio ya que el lugar es insuficiente.
SIPINNA demandó a las autoridades fronterizas un esquema de atención específico hacia la niñez migrante.
Por último, cabe señalar que los titulares del Conapred y del SIPINNA participaron en el “Foro de análisis sobre la migración: Caravana Migrante”, organizado por el Colegio de la Frontera Norte, donde se concluyó que la ciudad de Tijuana ha tenido experiencias exitosas para atender a grupos migrantes, así como una infraestructura sostenida también por organizaciones civiles para hacer frente a la situación actual.