En México, los pacientes de centros de atención a la salud mental (hospitales, unidades de psiquiatría, clínicas de tratamiento de adicciones, centros de readaptación psicosocial, entre otros) padecen graves violaciones a sus derechos humanos, especialmente a su integridad y libertad personal, y al derecho a no ser víctima de tortura y malos tratos.
En pleno 2018, en México la legislación permite que se encierre a los pacientes por motivo de discapacidad; además, el 67% de internos en hospitales psiquiátricos fueron ingresados contra su voluntad.
En uno de los Centros de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México había personas que llevaban más de 20 años encerradas en condiciones insalubres y abandono, denunciaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH); Disability Rights International (DRI); y la Red latinoamericana y del caribe de personas que usan drogas (LANPUD), entre otras.
A pesar de que el Estado mexicano argumentó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que sus servicios “sí respetan los derechos humanos”, defensores humanitarios y familias de víctimas dieron cuenta de múltiples violaciones, como “internamiento involuntario, medicaciones excesivas, contenciones mecánicas, abusos y violencia sexual, esterilizaciones forzadas, aislamiento y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Recordaron que el propio Relator sobre la Tortura en 2017 recogió que en México 42% de mujeres con discapacidad psicosocial que habían pasado por instituciones de salud mental había sido víctima de esterilizaciones forzadas o bajo coerción.