Amnistía Internacional México y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) reclamaron que en San Luis Potosí, el 99% de los ataques en contra de las mujeres “están impunes”.
Además, los familiares de víctimas de feminicidio “son amedrentadas, amenazadas, estigmatizadas y orilladas a convertirse en defensoras de sus propias causas, a la vez que las autoridades tienden a culpar y re victimizar a las mujeres y sus familias”.
Este 29 de octubre, ambas agrupaciones lanzaron un llamado para la verdad, justicia y reparación en el caso de Karla Pontigo, una joven estudiante de nutrición que fue asesinada en 2012 en San Luis Potosí y en cuyo caso no ha habido justicia.
Investigaciones ineficaces determinaron su muerte como accidental a pesar de que la autopsia realizada registró evidencias de agresión sexual.
“Las autoridades deben de adoptar políticas de prevención, atención, investigación, sanción y reparación, así como a garantizar investigaciones efectivas y eficaces, con perspectiva de género”, alertó Amnistía Internacional.
“De poco sirve contar con un marco normativo que condene los feminicidios y la violencia de género, si los operadores de procuración y administración de justicia no garantizan su implementación”, comentó Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La historia de Karla es, lamentablemente, demasiado común en México. La justicia, cuando no es inexistente, es por lo menos, lenta. Diario escuchamos historias de mujeres asesinadas, principalmente jóvenes, que quieren hacer pasar como ridículos accidentes o como suicidios a pesar de todas las pruebas que señalan violencia de género como el móvil principal.
No podemos dejar que los culpables sigan impunes y que las autoridades perpetúen este círculo vicioso en donde las víctimas y las familias no obtienen justicia, insistió Reneaum
En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de Karla Pontigo, convirtiéndolo en el segundo feminicidio que tomara el máximo tribunal, luego del fallo en el caso “Mariana Lima” a principios de 2015, que marcó las pautas que las autoridades deberían seguir para investigar posibles feminicidios, finalizó Amnistía Internacional.