PGJ-CDMX pide disculpas públicas por caso Ruta-100

Jorge Gustavo Arroyo,  Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, explicó que el organismo consideró que servidores públicos de la PGJ-CDMX, vulneraron derechos humanos de las víctimas.

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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) ofreció una disculpa pública a favor de los afectados por el caso Ruta 100, quienes confiaron en la autoridad ministerial y a 13 años de presentar la denuncia por presunto fraude al fideicomiso F-100, hasta el momento la Averiguación Previa no ha sido resuelta.

La dependencia capitalina dio cumplimiento a un punto de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y por la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a las investigaciones realizadas para las denuncias presentadas por ex trabajadores de la extinta Ruta 100.

En acto público, el Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, Jorge Gustavo Arroyo Acosta, explicó que el organismo consideró que servidores públicos de la PGJ-CDMX, vulneraron derechos humanos de los agraviados, consistentes en la legalidad, seguridad jurídica y el acceso a una debida procuración de justicia.

“Esta procuraduría reconoce y lamenta que con motivo de las primigenias investigaciones se afectaron los derechos de las personas agraviadas, por lo que emite una disculpa pública a favor de ellos, particularmente del señor José Alberto Soto Barroso; a los familiares de Efrén Romero Reyes; y José Raúl de los Santos Hernández, peticionarios en el instrumento recomendatorio mencionado”, subrayó.

Precisó que dicha Recomendación fue aceptada, a fin de evitar impunidad en el caso y garantizar una adecuada investigación de los hechos.

El Fiscal puntualizó que se ejerció acción penal en siete ocasiones y se solicitó a la autoridad judicial el libramiento de la orden de aprehensión, la cual fue negada. 

Por esa razón, la averiguación previa se encuentra bajo los efectos del artículo 36 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y por lo que el Ministerio Público continúa practicando las diligencias pertinentes.

Arroyo Acosta aclaró que el tiempo transcurrido para la investigación de los hechos delictivos, depende en gran medida de la complejidad del asunto, del cúmulo de pruebas que se obtengan, las que deban recabarse, y de las eventualidades que surjan.

@amarilloalarcon