El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, afirmó que a seis meses de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, los gobiernos aún están en deuda con la población, debido a los rezagos que existen en la normatividad y operación de las instancias responsables de hacer cumplir dicha legislación.
En entrevista luego de la presentación del diagnóstico sobre el contexto de victimización hacia personas adultas, el funcionario destacó que las víctimas de diversos delitos no sólo demandan el resarcimiento económico, sino justicia y verdad, factores que, mientras no sean satisfechos, mantendrán en deuda a las autoridades con la sociedad.
“Los gobiernos, tanto asamblea, congresos, como ejecutivos que no están generando un sistema de atención a víctimas y una comisión ejecutiva están en deuda con su población, están en deuda con las víctimas del país y, por tanto, el llamado es a que se apresuren para generar estas condiciones. Las víctimas exigen justicia y exigen verdad y para eso también requieren a veces apoyo, pero su búsqueda es por la justicia y la verdad, mientras no haya justicia ni verdad en este país, seguiremos generando más víctimas”.
Rochín del Rincón subrayó que la implementación de la Ley General de Víctimas se ha implementado de forma diferenciada en el interior del país, ya que mientras en entidades como el Estado de México, Coahuila y Nuevo León el avance es satisfactorio, en otros, como Michoacán, Morelos, Veracruz y San Luis Potosí, aún están en proceso de armonización de sus legislaciones locales y el resto se encuentran en condiciones de rezago moderado e, incluso, grave.
Citó, a manera de ejemplo, el caso de Sinaloa, donde existe la normatividad actualizada, pero no ha generado la infraestructura física y técnico-administrativa para la atención a las víctimas.
Indicó que otro caso más grave es el de Tamaulipas, donde la delegación de la CEAV se instalará en los primeros días de octubre.