En la Cámara de Diputados, la Sección Instructora se alistaba a dar entrada a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), contra la actual presidenta del Congreso del estado de Chihuahua, Karina Velázquez, acusada por el delito de peculado, cometido cuando fungió como presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel local.
Sin embargo, los diputados determinaron dar a la Fiscalía un plazo de cinco días, para enviarles una copia completa del expediente contra la legisladora, ya que el documento entregado incluye tachaduras y partes ilegibles, que se cree, tienen como fin resguardar datos personales, indicaron.
“Antes de darle trámite estamos acordando requerir a la Fepade para que nos mande una documentación completa. Viene con algunas tachaduras y enmendaduras y necesitamos una copia certificada legible para estar en condiciones de correrle traslado a la diputada y pueda ella producir una adecuada defensa, sepa perfectamente qué personas están declarando en su contra, cuál es la acusación formal que se le está haciendo. Es un derecho legítimo”, dijo el diputado Ramírez Nieto.
El legislador priísta recalcó que si en los cinco días establecidos, la FEPADE no responde al apercibimiento que la Sección Instructora le formulará, se tendrá por “no interpuesta” la solicitud de declaración de procedencia contra su compañera de partido, a quien se vincula con el ex gobernador Javier Duarte.
“Si no cumple el requerimiento, en los cinco días, tal y como nosotros lo estamos solicitando, nosotros le damos para atrás, lo desechamos. Así está el apercibimiento: en caso de no cumplir se le tendrá por no interpuesto”, abundó.
Recordó que en cuanto la diputada local sea notificada, tendrá siete días para contestar al requerimiento de la sección instructora y registrar formalmente a sus defensores.
Los congresistas indicaron que la legisladora por Chihuahua y ex presidenta del PRI en esa entidad, está acusada por un delito electoral, al haber recibido dinero cuando ocupó el cargo en el tricolor local.
Manifestaron que si el documento en cuestión no es claro, no es posible notificar a la legisladora involucrada, porque es su derecho conocer de manera íntegra las acusaciones que se le formulan.
En cuanto a los procesos de desafuero abiertos contra los también priístas veracruzanos Antonio Tarek Abdala y Alberto Silva Ramos, ambos relacionados con el ex gobernador Javier Duarte, indicaron que en el primer caso, el del diputado Abdala Saad, los legisladores siguen en espera de que un juez resuelva los amparos que el señalado interpuso.
Ese hecho, aclaró el diputado Piña, está siendo utilizado por el PRI para bloquear el avance del procedimiento contra el ex tesorero del ex gobernador Duarte de Ochoa.
En cuanto al expediente del diputado Silva Ramos, indicaron que este presentó una respuesta muy extensa, misma que está en estudio, a la par de la documentación entregada por la Fiscalía General de Veracruz.
Para tratar ese asunto en específico, adelantaron, la Sección Instructora se reunirá la semana entrante, a fin de notificar el estado en que se encuentra su análisis.