En el Senado de la República, legisladores se reunieron con representantes de la industria de la construcción, para analizar el contenido de la propuesta de Ley de Contratación de Obra Pública, que se encuentra en estudio en comisiones.
En ese marco, integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Academia de Ingeniería de México, adscritos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), coincidieron en que se requiere una nueva norma que regule debidamente el proceso de contratación y realización de obras.
Ante integrantes de las comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Anticorrupción y Estudios Legislativos Segunda del Senado, los constructores, ingenieros, arquitectos y proveedores de insumos, recalcaron que el Paso Exprés de Cuernavaca, es un ejemplo “crítico” de la falta de planeación y la falta de estudios en grandes proyectos de obra pública.
Óscar Valle, de la Academia de Ingeniería de México, planteó que es necesario mejorar la planeación en los proyectos de infraestructura pública, de otro modo, no tendrán la calidad y seguridad que se requieren.
“Para el logro de esta calidad, es necesario contar con procedimientos de planeación, diseño y construcción acorde con el estado de la práctica a nivel internacional. En el desarrollo de un proyecto de inversión se puede incurrir en errores tales como la omisión de factores clave en los estudios preliminares. Y estamos viendo un caso crítico de no haber hecho los estudios preliminares en el Paso Exprés”, apuntó Valle Molina.
Gustavo Arballo, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción subrayó que el país requiere mejorar sus procesos y normas en materia de planeación, a fin de desarrollar proyectos de infraestructura adecuados y seguros para la población.
“Si la falta de planeación en este país, si no querer tener planes de campañas cada seis años, sino tener planes con visión de largo plazo, a través de certidumbre y mejores prácticas internacionales. Por su puesto que exista competencia, pero una competencia equitativa, ya hemos hablado bastante de las empresas que vienen a incursionar con falsos argumentos”, agregó.
Destacó que los representantes del sector han identificado como una de las prácticas a erradicar, la discrecionalidad en la asignación de obra pública, pues están “hartos” de la corrupción que impiden un sano desarrollo de ese rubro, frenan la productividad en la materia y el potencial del país.
En su turno, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Fernando Gutiérrez, señaló que los especialistas de la construcción están de acuerdo con la nueva legislación y reconocen el esfuerzo de los legisladores por terminarla.
No obstante, planteó una serie de observaciones, a fin de que la Ley en cuestión no sea restrictiva, sino que permita transparentar los procesos de asignación, inversión y realización de infraestructura.
Recalcó que el elemento primordial en la norma debe ser el de la planeación, en tanto que el país ha perdido su capacidad en esa materia, por omisión, por intereses económicos y políticos.
Criticó que las últimas administraciones han consentido la pérdida de especialización y capacitación de los responsables del sector comunicaciones y transportes, pues han optado por dejar en manos de personas que no tienen conocimiento en la materia, la toma de decisiones y los cargos de dirección en dependencias públicas.
Por ello, indicó que los ingenieros proponen establecer en la normativa, a fin de convertirla en un marco de actuación “moderno”, a ingenieros, arquitectos y en suma, a especialistas en el tema.
Asimismo, pidió que la ley establezca que en obras de gran magnitud, antes de iniciar la construcción, los involucrados tengan el 100 por ciento de los proyectos ejecutivos y los estudios de impacto. La propuesta que los legisladores analizan, prevé que ese cumplimiento sea del 50 por ciento, alertó.
Añadió que debería ser obligatorio, antes de iniciar cualquier obra, tener los insumos y proyectos ejecutivos desarrollados por completo, y contar con partidas para gastos de preinversión, que representan entre el 3 y el 5 por ciento del costo total de la obra.
Advirtió que actualmente, los desarrollos arrancan sin proyecto, sin previsiones formales sobre su culminación y sin estimados formales sobre el costo final.
Propuso que no se limite al 20 por ciento, el ajuste en el costo de las obras conforme éstas avanzan, como lo señala el dictamen en estudio.
Planteó que se debería eliminar del proyecto de ley, la parte que hace a las empresas encargadas de los estudios de supervisión, “responsables solidarios” o corresponsables hasta por 10 años, si los proyectos registran fallas y anomalías. En todo caso, agregó, la responsabilidad de los supervisores de las obras debería ser de sol un año y a partir de la entrega de la obra.