El Sistema Anticorrupción se encuentra en peligro, ante los esfuerzos del Gobierno Federal para atacarlo y descalificar a sus integrantes, lamentó el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave.
El legislador calificó como inaceptables los embates lanzados hacia ese organismo, desde el Partido Verde (PVEM), a través del Presidente del Senado, Pablo Escudero, que ha puesto en entredicho la selección de sus integrantes, en especial quienes forman parte del Comité de Participación Ciudadana.
“Yo creo que corremos un grave peligro, el peligro de que el Sistema Nacional Anticorrupción acabe en una farsa, y entonces sí vamos a ver el enojo social. Si ahorita hay enojo e indignación social, si es que sucede esto, si es que el PRI gobierno lo convierte en una farsa, el enojo social va a ser una furia y quién sabe en qué acaben las cosas”, sentenció.
A ello se debe, apuntó el ex presidente del PRD, la resolución recientemente tomada sobre el caso “Pegasus”, donde los integrantes del Comité Coordinador determinaron por mayoría, no involucrarse en el asunto ni solicitar más información sobre el presunto espionaje que se habría orquestado desde dependencias del Gobierno Federal, hacia activistas, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.
“Se presentó en el Sistema Nacional Anticorrupción y se votó. ¿Quién tuvo mayoría? Los funcionarios de este gobierno, el procurador, la secretaria de la Función Pública. Si te pones a ver, tienen mayoría los funcionarios, y se protegen. Jacqueline Peschard no puede hacer todo sola, y por eso digo que hay trampas en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción”, insistió.
En el Sistema tienen la voz cantante los representantes del Gobierno Federal, y que han sido señalados por estar involucrados, como la ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, en el caso “Pegasus”, y ante ello, los votos ciudadanos no son suficientes, alertó.
El legislador perredista también hizo referencia al tema de la corrupción, a propósito de las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cuales revelan que el año pasado, las empresas pagaron más de mil 600 millones de pesos con tal de concretar y agilizar trámites.
Calificó los hechos como alarmantes, y sentenció que lo más preocupante, es que las mediciones del INEGI podrían ser solo una aproximación a lo que realmente ocurre en el país, donde la burocracia, la sobrerregulación y las trabas para cumplir trámites o bien, abrir negocios son un lastre que los ciudadanos buscan, de manera irregular, sortear.