La aplicación del nuevo sistema de justicia penal no resultará, como alertan algunas autoridades, incluyendo al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en la liberación automática y masiva de criminales peligrosos o personas sometidas a proceso por el delito de portación ilegal de armas de fuego, aclaró el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Álvaro Ibarra.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que la miscelánea penal aprobada por los legisladores, prevé mecanismos para acotar la eventual liberación de reos considerados como “peligrosos” antes del 2008, cuando se avaló el nuevo sistema de justicia.
“La miscelánea penal no permite la liberación automática, como se ha manifestado, sino que limita y prevé en todo un procedimiento la decisión de liberar o no liberar a personas procesadas, en el que intervienen el Ministerio Público, la víctima, y la autoridad de evaluación de riesgos. Pone una contención y una barrera, para que por un procedimiento el Ministerio Público tenga la oportunidad de demostrar que debe permanecer en prisión el procesado”, explicó.
De modo que no existirán “puertas giratorias” ni el riesgo de que los crímenes cometidos con arma de fuego se disparen en el país, manifestó.
“Creo que no existe tal puerta giratoria, se respetan las posiciones que han manifestado distintos servidores públicos, sin embargo, hay que tener presente todavía que la prisión preventiva existes para cualquier delito, basta que el Ministerio Público acredite al juez necesidad de la medida para garantizar la comparecencia del implicado en el juicio, así como en el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y los testigos o de la comunidad, y en los casos de reincidencia”, argumentó.
Detalló que la Comisión a su cargo analiza al menos cuatro iniciativas de reforma para penalizar severamente la portación ilícita y sin licencia de armas de fuego exclusivas del uso de las Fuerzas Armadas, a fin de atender el fenómeno de la liberación de personas acusadas por ese delito, en aplicación del nuevo sistema de justicia penal.
Aseveró que pese al aumento en esa práctica y de los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego, el legislador priísta manifestó que la situación no es “tan grave” como en 2016.
De hecho, afirmó que el incremento en los asesinatos en el país, no necesariamente está relacionado con el hecho de que el delito de portación de armas no se penalice con “prisión oficiosa”.
“El aumento de este ilícito no es notoriamente más grave que el año pasado. En los primeros cinco meses del 2016, el 59 por ciento del 2016 de los homicidios dolosos se cometieron con armas de fuego; y en lo que va del 2017, el 65 por ciento, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por esta razón no necesariamente el aumento de los homicidios está relacionado a que la ley no contemple la prisión preventiva oficiosa” para la conducta en cuestión, refrendó.
Sin embargo, los congresistas están tomando cartas en el asunto y analizando las propuestas de distintas bancadas para considerar delito grave y sin derecho a libertad bajo caución, el de la portación ilegal de armas de fuego.
Al mismo tiempo, recordó, en la Comisión de Justicia se creó un grupo de trabajo para analizar los avances y retos del nuevo sistema de justicia penal. En dicha instancia, apuntó, participan representantes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros organismos a fin de evaluar en conjunto dichos asuntos.